El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025, que prevé ingresos por 9 billones 302 mil millones de pesos.

El proyecto fue turnado al Senado de la República para su análisis y ratificación.

En lo particular, se aceptó la reserva del diputado Reginaldo Sandoval Flores (PT), para agregar el Artículo Trigésimo Quinto Transitorio, cuya finalidad es ayudar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Establece que el IMSS pueda reducir hasta el cien por ciento del monto correspondiente a multas y recargos derivados de adeudos por concepto de cuotas obrero patronales a cargo de entes públicos, generados hasta el 31 de diciembre de 2024.

La reducción a que se refiere el párrafo anterior solo será procedente cuando el pago de los adeudos por concepto de las citadas cuotas se realice en una sola exhibición o mediante la suscripción de convenios de pago en parcialidades con dicho Instituto, a un plazo máximo de hasta 6 años. El Instituto establecerá los términos y condiciones para la celebración de los convenios a que se refiere este párrafo.

De los ingresos totales del Gobierno Federal por impuestos serán 5 billones 297 mil 812.9 mdp, de ingresos derivados de financiamientos un billón 246, 366.5 mdp; de cuotas y aportaciones de seguridad social, 603 mil 077.9 mdp; contribuciones de mejoras 38.8 mdp; derechos, 137 mil 500.5 mdp; productos, 13 mil 707.1 mdp y aprovechamientos, 223 mil 166.3 mdp.

Por ingresos por ventas de bienes, prestación de servicios y otros ingresos, un billón 500 mil 579.0 mdp, de transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, 279 mil 766.8 mdp, y por ingresos derivados de financiamiento, un billón 246 mil 366.5 mdp. Se proyecta una recaudación federal participable por 4 billones 892 mil 179.6 mdp.

El Ejecutivo Federal podrá contratar y ejercer créditos, empréstitos y otras formas del ejercicio del crédito público, incluso mediante la emisión de valores y para el financiamiento del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, por un monto de endeudamiento neto interno hasta por un billón 580 mil mdp.

Se autoriza al Ejecutivo Federal mediante las referidas formas de ejercicio del crédito público, para obtener un monto de endeudamiento neto externo de hasta 15 mil 500 millones de dólares (mdd).

Faculta a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a sus empresas productivas subsidiarias para adquirir un monto de endeudamiento neto interno de hasta 143 mil 403.7 mdp y uno externo de hasta 5 mil 512.7 mdd. A su vez, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y sus empresas productivas subsidiarias podrán obtener endeudamiento interno de hasta 10 mil 27 mdd y uno externo de 991 mdd.

También autoriza a la Ciudad de México un endeudamiento neto de 3 mil 500 mdp para el financiamiento de obras contempladas en su Presupuesto de Egresos 2025.

Prevé que la Federación perciba los ingresos por proyectos de infraestructura productiva de largo plazo de inversión financiada directa y condicionada de la CFE por un total de 317 mil 080.8 mdp, de los cuales 132 mil 503.3 millones de pesos corresponde a inversión directa y 184 mil 577.5 millones de pesos a inversión condicionada.

El Congreso del Estado de México aprobó la interrupción legal del embarazo o despenalización del aborto hasta las primeras 12 semanas de gestación, lo cual contempla cambios a los artículos 248, 249, 250 y 251 del Código Penal estatal.

La reforma celebrada en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, modifica el artículo 248 para contemplar que no se considera delito la interrupción del embarazado a las 12 semanas; no obstante, sí hay penas para quien practique, consienta o ejecute un aborto después de las 12 semanas completas.

A quien cometa la interrupción sin el consentimiento de la mujer, le impondrán de 5 a 10 años de prisión y de 50 a 400 días de multa, sanción que podría aumentar una mitad si lo comete un servidor público.

Asimismo, se les suspenderá la licencia al personal de 3 a 6 años al personal de salud que apoye en esta actividad y hasta 20 si es que se reincide.

Sobre el artículo 251, se modifica porque no se considera delito la interrupción del embarazo cuando sea resultado de una violación o inseminación artificial o no consentida; además de que el proceso ponga en peligro la vida o salud de la madre o el producto; o se considere que afecte la salud física o mental de la madre.

Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador de la bancada de Morena en el congreso mexiquense, indicó que la discusión del proyecto en comisiones legislativas estuvo apegado a la normatividad parlamentaria y que el reconocimiento de este derecho es el cumplimiento de una deuda que se tenía con las mujeres del estado:

“Es una iniciativa, somos el Estado número 18 en el país, no es algo nuevo que sea para el Estado de México, simplemente le estamos dando y ratificando y confirmando el derecho a la mujer por su cuerpo y a decidir lo que debe ser, es parte de los que estamos haciendo”.

El diputado federal Julio Scherer Pareyón, del Partido Verde, expresó su respaldo a la iniciativa de reforma constitucional en materia de seguridad presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, misma que ya fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados.

“Con esta reforma, estamos sentando las bases para construir una paz duradera, una paz que tenga sus raíces en la reconstrucción del tejido social, más oportunidades para la ciudadanía y un Estado fortalecido en sus capacidades de seguridad”, expresó durante su intervención.

Scherer Pareyón subrayó que la propuesta de reforma al artículo 21 de la Constitución busca fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Este esfuerzo, apuntó, permitirá crear un cuerpo de investigadores de campo que trabaje de manera coordinada con las fiscalías locales y federales, con el objetivo de integrar averiguaciones sólidas y prevenir la comisión de delitos mediante estrategias basadas en inteligencia policial y operativa. 

Además, destacó que el Centro Nacional de Inteligencia ya inició un proceso de reestructuración, aumentando su presencia en campo y fortaleciendo sus capacidades, en beneficio de instituciones como la Guardia Nacional y las fiscalías estatales.

Scherer Pareyón señaló que, como parte de esta estrategia, se fortalecerán los mecanismos de auditoría y rendición de cuentas para garantizar el uso eficiente de los recursos federales destinados a la seguridad pública, asegurando que estos contribuyan directamente a la mejora de los servicios policiales y de atención ciudadana en todo el país.