Ante el incremento de la violencia intrafamiliar, senadores expresaron su rechazo a la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes, y de que persistan los métodos violentos para educarlos como gritos, golpes y humillaciones por lo cual demandaron la intervención de la SEP a través de los maestros para detectar agresiones físicas en menores y que las autoridades procedan en consecuencia.
Advirtieron que la violencia intrafamiliar es un problema grave que afecta a miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro país.
“Es un flagelo que deja profundas cicatrices en las víctimas, con repercusiones que pueden durar toda la vida. Las y los senadores del Partido del Trabajo alzamos la voz para erradicar y castigar esta situación”, indicaron.
Por ello, presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública, y a sus homólogas de los estados, que refuercen o implementen mecanismos para agilizar las denuncias por violencia intrafamiliar que infantes y adolescentes hagan en los centros educativos del país.
Destacaron que seis de cada 10 menores, de uno a 14 años, han experimentado algún tipo de estas formas de “disciplina” o de maltrato en el hogar y que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que entre 2015 y 2022 casi 86 mil niñas, niños y adolescentes sufrieron lesiones por arma blanca, de fuego u otro objeto.
La bancada del PT en el Senado aseveró que para fortalecer el combate a la violencia contra niñas, niños y adolescentes y evitar lamentables consecuencias, las fiscalías General de la República y de las entidades deben acelerar las carpetas de investigación de los casos de violencia intrafamiliar que sufran estos sectores de la población.
Ante la problemática doméstica, las y los senadores coincidieron en que, en muchos casos, los menores y adolescentes víctimas llegan a considerar sus escuelas como espacios seguros, por tener la oportunidad de escapar durante unas horas de sus agresores.
No obstante, subrayaron que, aunque las agresiones físicas llegan a ser evidentes para los educadores -que también pueden ser de confianza para las víctimas-, éstos prefieren no decir nada, ya que la denuncia es un trámite largo a la que deben dar seguimiento, y en varios casos no hay acciones, por parte de las autoridades, para proteger a los infantes y adolescentes.
“Es lamentable que, por la burocracia institucional, las niñas, niños y adolescentes no puedan vivir una vida libre de violencia. Al contrario, se perpetúa dicho delito, normalizando y haciendo vivir un infierno a las infancias y adolescencias”, lamentaron.
Advirtieron que la desatención del maltrato físico a menores de edad tiene consecuencias que pueden ir más allá de secuelas físicas, como en el caso de mediados de 2023 de José Antonio, niño de siete años, quien, a causa de la violencia que sufría de parte de sus padres, falleció en un hospital de Sinaloa a pesar de los intentos por salvarlo.
