La administración tributaria de México ha lanzado una ofensiva fiscal sin precedentes dirigida a los futbolistas, técnicos y árbitros extranjeros que participen en el Mundial 2026. A través de la RMF 2026, el SAT ha fijado una tasa definitiva del 25% sobre el ingreso bruto generado en territorio nacional. Este gravamen es obligatorio para todos los deportistas internacionales, quienes ahora son vistos bajo la lupa de la transparencia internacional, eliminando la opacidad que caracterizó a eventos deportivos de décadas pasadas en México.
El cálculo del impuesto se basa en un criterio de proporcionalidad geográfica. El SAT ha estipulado que los ingresos sujetos a impuesto son únicamente aquellos devengados durante la estancia y competencia en las tres sedes locales (Estadio Azteca, Estadio Guadalajara y Estadio Monterrey). Si un equipo extranjero realiza toda su preparación en Estados Unidos y solo viaja a México para un encuentro de eliminación directa, el ISR se calculará basándose exclusivamente en la remuneración atribuible a ese periodo específico de competencia en suelo mexicano.
Un punto crítico para los equipos legales de las selecciones será la gestión de los tratados internacionales. Aquellos países que no cuentan con convenios fiscales con México verán una retención directa de una cuarta parte de los ingresos de sus jugadores por concepto de sueldo y premios. Por el contrario, naciones con fuertes lazos diplomáticos y fiscales podrán evitar la retención o compensarla posteriormente en sus jurisdicciones de origen. Este «marcaje personal» hacendario obliga a los jugadores a tener un control estricto de sus finanzas desde el silbatazo inicial.
El cumplimiento de esta norma tiene como plazo máximo el 19 de agosto, lo que otorga a los futbolistas un margen de maniobra limitado tras la conclusión del torneo. El SAT ha advertido que el incumplimiento podría derivar en multas y recargos, además de complicaciones legales para futuras visitas al país. Con esta estrategia, México no solo busca ser un anfitrión de clase mundial en lo deportivo, sino también un ejemplo de modernización fiscal, garantizando que el espectáculo del fútbol contribuya de manera equitativa al desarrollo económico nacional.
