Un tribunal colegiado revocó la medida cautelar que protegía al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, por lo que deberá comparecer ante la justicia mexicana para responder por su presunta participación en una organización criminal dedicada al tráfico de armas e hidrocarburos.
Por mayoría de votos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Cuarto Circuito anuló la suspensión que le permitía evadir su captura.
De acuerdo con una notificación del tribunal, la autoridad judicial difirió la audiencia incidental de Rocha Cantú y la reprogramó para el 26 de diciembre a las 10:20 horas.
La Fiscalía General de la República (FGR), canceló la semana pasada el beneficio derivado del acuerdo como testigo colaborador que Rocha Cantú firmó durante la gestión del entonces fiscal Alejandro Gertz Manero, al considerarlo prófugo de la justicia.
El 15 de diciembre, el juez federal, Octavio Alarcón Terrón, de Querétaro ordenó su captura tras incumplir dos comparecencias y proporcionar domicilios falsos.
La FGR también rechazó su solicitud para declarar por videoconferencia, luego de que el empresario alegara riesgos a su seguridad personal.
Aunque un juzgado de Nuevo León le concedió inicialmente un amparo para no presentarse físicamente a declarar ni ser detenido, el tribunal colegiado revocó esa protección con su reciente resolución.
Caso Rocha Cantú: Huachicol y crimen organizado
Así, la FGR ha estrechado el cerco contra Rocha Cantú, quien volvió a los reflectores tras el triunfo de la mexicana Fátima Bosch en Miss Universo 2025, cuando surgieron señalamientos de presuntos sobornos. Posteriormente, las autoridades lo vincularon a una red de contrabando de combustible, armas y drogas, con presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Unión Tepito.
Según la investigación, Rocha Cantú tendría funciones de dirección dentro de la organización criminal, con inversiones millonarias y participación en la importación ilegal de combustible desde Guatemala y Estados Unidos, además de pagos a intermediarios para obtener información interna de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
La FGR sostiene que el empresario obtenía ganancias significativas a partir de su participación financiera en la red delictiva, que operaba estaciones de servicio abastecidas con combustible ilícito.
