El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar presentó ante el Grupo de Trabajo de Dictaminación de la Comisión de Puntos Constitucionales una iniciativa de reforma constitucional en materia de fuero político, la cual busca homologar criterios constitucionales para garantizar igualdad ante la ley y cerrar espacios de impunidad, así como eliminar el fuero procesal penal, sin afectar la inmunidad parlamentaria de opinión.
El morenista explicó que el objetivo de la iniciativa es que ninguna persona servidora pública esté por encima de la ley, sin menoscabar la libertad de expresión ni la función legislativa. Además, señaló que busca dar continuidad a la iniciativa que propuso el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, en 2019 cuando propuso reformar la Constitución para retirar el fuero al titular del Poder Ejecutivo federal y ampliar los supuestos por los que puede ser juzgado, incorporando delitos de corrupción, electorales y cualquier ilícito aplicable a la ciudadanía.
Detalló que la propuesta busca fortalecer el artículo 61, garantizando explícitamente la protección de las opiniones y del sentido del voto de legisladoras y legisladores, ampliar en el artículo 108, el catálogo de personas servidoras públicas que pueden ser imputadas y juzgadas durante su encargo, incluyendo diputadas, senadoras, gobernadoras y diputaciones locales, por los mismos delitos que cualquier ciudadano.
Asimismo, eliminar la necesidad de declaración de procedencia para que diputadas y senadores enfrenten procesos penales por delitos cometidos durante su encargo, sin que ello implique automáticamente la separación del cargo, salvo en casos que ameriten prisión.
El documento establece que en los artículos 116 y 122 habrá reglas claras para que constituciones locales y la de la Ciudad de México permitan proceder penalmente contra personas gobernadoras, diputaciones locales y la Jefatura de Gobierno.
Ramírez Cuéllar enfatizó que estar sometido a proceso no equivale a culpabilidad, sino a permitir que las imputaciones se resuelvan ante fiscalías y tribunales, evitando que delitos queden impunes o prescriban por el amparo de privilegios.
“Lo que no queremos es que pasen tres o seis años con delitos que perseguir y que, por el fuero, no se castiguen”, afirmó.
Asimismo, destacó que la iniciativa no debilita al Congreso ni a los gobiernos locales, sino que los legitima, al reforzar la confianza ciudadana y cerrar espacios para que cargos públicos sean utilizados como refugio frente a responsabilidades penales. En ese sentido, señaló que esta propuesta se suma a una agenda más amplia contra los privilegios, junto con las acciones para combatir el nepotismo y otras prácticas que dañan la vida democrática.
Finalmente, el diputado hizo un llamado a abrir un debate nacional, con foros y consultas, para enriquecer la discusión y construir los equilibrios necesarios entre la protección institucional de la función pública y el combate frontal a la impunidad. “Se trata de una de las transformaciones democráticas más importantes que debemos concretar”, concluyó.
