Con 324 votos a favor y 118 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que crea una nueva Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales, con el objetivo de erradicar delitos en materia hídrica como el huachicol, así como regular el uso y aprovechamiento; la minuta fue enviada al Senado de la República para continuar su discusión.
El dictamen, entre otras cosas, establece que la autoridad deberá resolver los procedimientos de reasignación de volúmenes en un plazo máximo de 20 días hábiles, con ello, se eliminan los retrasos que generaron incertidumbre y se evita cualquier margen de discrecionalidad.
La discusión duró más de 24 horas y en su participación, el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, comentó que esta iniciativa fortalece los derechos de los productores; además, abre una nueva etapa para el uso y manejo responsable del agua, por lo que exhortó a los legisladores a no desviar el tema.
“No hay que desviar ni la atención, ni tampoco el contenido fundamental del debate que tenemos en la actualidad, si ustedes consideran que no se ha realizado tal o cual acontecimiento, ustedes tienen todo el derecho y la obligación de presentar una acción de inconstitucionalidad en el momento que aprobemos esta disposición legal, recurran a eso, pero aquí estamos debatiendo otra cosa”, sostuvo.
Indicó que las reservas presentadas por Morena buscan terminar con el mercado negro de tráfico de concesiones, de títulos y derechos, pues consideró que la sobreexplotación de los acuíferos ya está llegando a su límite, tal como ocurre en Chihuahua.
Ramírez Cuéllar negó que exista la posibilidad de despojar el volumen que sea autorizado por las concesiones establecidas y por la autoridad, “todos los agricultores del país tendrán un respeto absoluto al volumen que viene en su concesión, no hay trasgresión de ese derecho”.
El coordinador de Morena Ricardo Monreal, comentó que se modificaron 50 puntos de la iniciativa original de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, las cuales tuvieron que ver con transmisión, títulos, herencia, volumen del agua, zonas de libre alumbramiento, delitos, faltas administrativas, negativa ficta.
Durante su intervención, la diputada del PVEM, Azucena Huerta, recordó que en 1992 se modificó la Ley de Aguas Nacionales para permitir la transmisión y venta de concesiones entre particulares, lo que generó un descontrol absoluto.
“Hoy enfrentamos las consecuencias más de 583 mil concesiones vigentes, muchas de ellas inactivas o subutilizadas, un mercado negro que comenta el robo y la especulación y una crisis de escasez que afecta a 77% de los municipios mexicanos”, dijo.
Negó que el dictamen pretende privatizar el agua de lluvia y explicó lo único que se regula son los usos distintos a los personales, domésticos, agropecuarios o familiares, con ello, se protegerá la recarga natural de los cuerpos de agua y se evitarán impactos ambientales derivados de captaciones de gran escala, sin control técnico.
Ramírez Cuéllar niega que no hubo apertura de diálogo con sectores involucrados
El pasado 18 de noviembre iniciaron las audiencias públicas para debatir el tema, en las cuales participaron diversos sectores involucrados como campesinos, agricultores, productores, funcionarios de Conagua y legisladores, entre ellos, Ramírez Cuéllar, quien rechazó categóricamente las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, quien dijo que no había apertura de diálogo.
El legislador recordó que en dichas reuniones abordaron temas como concesiones, sistemas comunitarios, derechos indígenas, núcleos agrarios, uso agrícola, agua en el medio rural y el derecho humano al agua. La participación fue plural, pública y transparente donde se recibieron 450 propuestas de modificaciones.
