La Casa Blanca reconoció que Estados Unidos llevó a cabo un segundo ataque contra sobrevivientes de un bombardeo a una embarcación con supuestos vínculos con el narcotráfico, ocurrido en septiembre en aguas del Caribe. No obstante, aseguró que la operación fue legal y exoneró de cualquier responsabilidad al secretario de Guerra, Pete Hegseth. En paralelo, el Congreso prepara una investigación por posible crimen de guerra.
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, afirmó que Hegseth no ordenó directamente el ataque. Luego leyó un comunicado donde la administración Trump asegura que la operación se realizó en aguas internacionales y conforme al derecho de conflictos armados.
“El secretario Hegseth autorizó al almirante Frank Bradley a llevar a cabo estos ataques cinéticos”, indicó Leavitt, quien subrayó que el oficial actuó dentro de su autoridad para neutralizar la amenaza.
El Washington Post reveló la semana pasada que, tras el primer bombardeo el 2 de septiembre, en el que murieron 11 presuntos narcotraficantes, se ejecutó un segundo ataque con el objetivo de matar a dos sobrevivientes.
Leavitt negó la veracidad de esa versión, pero evitó responder directamente sobre la base legal para no dejar sobrevivientes.
La Casa Blanca argumenta que los grupos que trafican drogas hacia Estados Unidos han sido designados como organizaciones narcoterroristas, lo que justificaría el uso de fuerza letal.
Mientras tanto, comités del Congreso ya solicitaron información al Pentágono y preparan audiencias para esclarecer la operación, lo que podría derivar en una investigación formal sobre un posible crimen de guerra.
