La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá entregar una versión pública de los contratos que se firmaron en el sexenio pasado para adquirir el software “Pegasus”, mismo que fue utilizado para espiar a activistas, defensores de derechos humanos y periodistas.
Lo anterior, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundados los recursos de revisión en materia de seguridad nacional que interpuso la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la cual pretendía que se revocara la orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) de hacer públicos los contratos.
El asunto fue presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien señaló que revelar los contratos no pone en riesgo la seguridad nacional, porque no implica información de investigación ni de inteligencia.
Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá comentó:
“Nos vemos obligados a reconocer el enorme peso del interés público que existe por conocer la información relacionada con este programa. Lo anterior resulta trascendente, pues para evaluar si la reserva de información por parte de la autoridad está justificada, debemos ponderar si el riesgo de perjuicio a la seguridad nacional, que supone la divulgación, supera el interés público general de su publicación.
“En este caso, me parece evidente que el interés público resulta mayor, más aún, tal como lo desarrolla el proyecto, la autoridad recurrente no demostró que la divulgación de la información solicitada represente un riesgo real, un riesgo demostrable, un riesgo identificable del perjuicio significativo a la seguridad nacional”.
A su vez, la ministra Yasmín Esquivel Mossa votó a favor de revelar la información y agregó que la adquisición encubierta de tecnologías digitales para intervenir ilegalmente comunicaciones privadas pone en riesgo el derecho humano a la privacidad.
