El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, próximo a discutirse en la Cámara de Diputados, muestra las prioridades del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Entre ellas, la salud se reafirma como un pilar de la política social, en línea con la aspiración de acceso universal y gratuito a los servicios médicos, establecida desde la reforma constitucional de 2020 al artículo 4°, que consagró el derecho a la protección de la salud como garantía constitucional.
Desde 2020, la transformación del sistema de salud ha buscado integrar a las personas sin seguridad social bajo un modelo universal. En el Paquete Económico 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público subraya que “para garantizar el bienestar y el desarrollo con humanismo de la población, es esencial consolidar la transformación del Sistema de Salud bajo el principio de acceso universal, de modo que todas y todos los mexicanos cuenten con servicios médicos de calidad, sin distinción”.
La coherencia entre discurso y asignación de recursos será la verdadera medida de este compromiso. En este sentido, el Ramo 12 (Salud) concentra los recursos de la Secretaría de Salud, pero el análisis por función permite observar el panorama integral, que incluye al IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y otros organismos públicos.
Al respecto, el gasto programable destinado a la función salud en el PEF 2026 asciende a 965,662.8 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 5.9% respecto a 2025, superior al promedio del gasto total (5.0%).
Sin embargo, este crecimiento debe analizarse con cautela ya que más recursos no siempre significan mayor cobertura ni mejor desempeño. La consolidación del nuevo sistema exige no solo presupuesto, sino también capacidad operativa, planeación multianual, y gestión eficiente del gasto.
El diseño actual del presupuesto para 2026 mantiene una estructura concentrada, ya que el IMSS concentra más del 58% de los recursos con 556,342.6 millones de pesos, ello, confirma su papel como eje del sistema. El gasto per cápita de las personas afiliadas al IMSS asciende a $10,074.
En el mismo sentido, el IMSS-Bienestar administrará 167,306.6 millones (17.3%), es decir, consolidándose como la institución encargada de la atención gratuita para población sin seguridad social. Para estas personas, se destinará un gasto per cápita de $4,280 que, si bien es menor, forma parte de una política social articulada en la que la población vulnerable tiene acceso a diversas formas de apoyos.
En total, el IMSS y el IMSS Bienestar concentran más del 75% de los recursos que se estiman para la función salud.
Si se analiza el Presupuesto por programa presupuestario destacan aquellos de atención directa y comunitaria, como el programa “Salud Casa por Casa”, que busca atender a más de 16 millones de personas mayores y con discapacidad, mediante facilitadores de salud que realizarán visitas domiciliarias.
También el programa “La Clínica es Nuestra”, que otorgará subsidios directos a 11 mil centros de salud gestionados por comités comunitarios, representa un intento por reconstruir la atención primaria desde la base social. Si logra consolidarse, podría sentar las bases de un modelo más cercano y participativo.
Destaca también el compromiso del Gobierno de México para garantizar el abasto de medicamentos. Para 2026 se proponen 148 mil millones para su compra por parte de las instituciones públicas de salud, lo que representa un incremento de 12% respecto a 2025.
Si bien estos son, en términos generales, los números establecidos en el PEF 2026, alcanzar la universalidad en la atención médica aún requiere pasos decisivos. En esa dirección, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que a partir de enero de 2026 iniciará el registro nacional al Sistema de Salud, con la meta de que para 2027 cualquier persona pueda recibir atención en el IMSS, ISSSTE o IMSS-Bienestar, sin importar su afiliación original. Este esfuerzo busca integrar un sistema realmente universal y coordinado, donde la planeación, la interoperabilidad tecnológica y la gestión institucional sean tan sólidas como el incremento presupuestal que lo respalda, y todas las personas tengan el mismo nivel de atención a la salud.
El reto logístico y presupuestal es mayúsculo, la integración de bases de datos, redes hospitalarias y personal médico requerirá continuidad financiera y gestión técnica rigurosa. El incremento de 5.9% deberá probar si es suficiente para financiar esa transición sin comprometer la calidad de los servicios.
En última instancia, la universalización de la salud no se logrará soóo con voluntad política ni con mayores asignaciones, sino con una planeación presupuestal disciplinada, transparencia en la ejecución y evaluación de impacto real.
Consolidar el derecho a la salud exige tanto equidad como eficiencia: gastar más es importante, pero gastar mejor será decisivo.
