En Francia, los dos sindicatos agrícolas más importantes anunciaron el cese de las protestas y la retirada de los bloqueos viales, motivados por la introducción de medidas significativas por el primer ministro, vistas como un avance significativo. Estas protestas, originadas por la insatisfacción con los ingresos, las regulaciones severas y la competencia internacional injusta, llevaban varios días activas.
Durante una declaración conjunta, Arnaud Gaillot, líder de los Jóvenes Agricultores, y Arnaud Rousseau, presidente de la FNSEA, el mayor sindicato agrícola del país, instaron a sus afiliados a detener las acciones de protesta, reconociendo los esfuerzos del gobierno por atender sus demandas, incluyendo apoyo financiero inmediato para agricultores y viticultores en apuros.
El primer ministro Gabriel Attal anunció temprano el jueves un paquete de medidas adicionales, en respuesta a las manifestaciones que incluían tractores bloqueando la sede de la Unión Europea en demanda de soluciones a los crecientes costos y la excesiva burocracia. Attal reafirmó la viabilidad futura de la agricultura en Europa y prometió evitar nuevas restricciones de pesticidas sin alternativas viables, además de prohibir la importación de productos tratados con tiacloprida, un insecticida vetado en la UE.
Francia también sugirió crear un cuerpo europeo de control para combatir el fraude, especialmente en normativas sanitarias y contra la importación de alimentos que no cumplan con los estándares europeos y franceses. Attal reiteró la oposición de Francia a un tratado de libre comercio con Mercosur, alineándose con las demandas agrícolas de respetar el valor de los alimentos, mejorar ingresos, proteger contra la competencia injusta y simplificar la burocracia.
El paquete incluye 150 millones de euros en ayuda para ganaderos, reducciones fiscales para transiciones generacionales en granjas, y un fondo de 2.000 millones de euros para préstamos a nuevos agricultores. El gobierno también intensificó las inspecciones para asegurar el cumplimiento de una ley de 2018 que exige pagos justos a los agricultores, con sanciones severas para los infractores.
Con información de AP.
