La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF), respondió a la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde, que no se puede ganar en la opinión pública, lo que no se puede demostrar con pruebas, esto tras la solicitud que presentó a la Cámara de Diputados para llevar a juicio político a un juez federal.
“No se puede pretender ganar en la opinión pública, lo que no se puede demostrar con eficiencia en las fases procesales.
“Las y los ciudadanos deben saber que los juzgadores federales cumplen con lo que la Constitución de la República y las leyes les ordenan, y no con los deseos de las partes. “Hacer lo contrario, sería vulnerar los principios fundacionales de nuestra democracia”, enfatizó.
Asimismo, los juzgadores federales del país hicieron públicos cada uno de los errores en que incurrió la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso donde Crescencio Contreras Martínez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Reynosa, Tamaulipas, ordenó liberar una persona.
La Jufed puntualizó que dicho asunto no guarda relación con el caso de 31 migrantes secuestrados, ni con tráfico de fentanilo, como afirmó la secretaria de Gobernación.
Indicaron que la FGR ni de manera indiciaria acreditó una delincuencia organizada que tuviera ese propósito, el colaborar al fomento de delitos contra la salud; incluso que el investigado perteneciera a un grupo delincuencial.
“Es decir, se alejó de su obligación a investigar cuando los hechos fueron puestos de su conocimiento desde marzo de 2023, sin que hasta la fecha hiciera acto de investigación novedoso al respecto”, mencionó la asociación.
Y remató: “Por lo que es inexacta la información de la Secretaría de Gobernación, al señalar actos relacionados con delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, cohecho y vínculo al reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas”.
