La administración pública no es solo un aparato burocrático, es el rostro más visible del Estado. Representa la maquinaria que convierte las decisiones políticas en acciones concretas, pero al mismo tiempo es el espacio donde los ideales de eficacia, eficiencia, ética y legalidad chocan con las inercias del poder, la opacidad y la desconfianza ciudadana.
El informe Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Banco Interamericano de Desarrollo ofrece un diagnóstico contundente: la percepción pública de corrupción sigue siendo alarmantemente alta. En promedio, el 75.5% de las personas encuestadas en la región cree que la corrupción está generalizada en su gobierno, muy por encima del 53.6% observado en los países de la OCDE. Estas cifras son un síntoma que la ciudadanía percibe que las instituciones públicas sirven más a intereses particulares que al bien común.
Ante esta situación, la profesionalización del servicio público se vuelve una condición indispensable para recuperar la confianza ciudadana. Uno de los grandes pendientes de la administración pública mexicana es precisamente la consolidación de un servicio civil de carrera sólido, capaz de garantizar continuidad, mérito y competencia en la gestión pública. En muchos casos, la estabilidad de los cuadros técnicos sigue dependiendo más de la política que de la capacidad profesional.
A ello se suma otro desafío clave, la simplificación administrativa, entendida como una transformación en la forma en que el Estado se relaciona con las personas. Una política de simplificación debe eliminar procesos innecesarios, reducir tiempos, transparentar procedimientos y optimizar los recursos públicos y humanos.
En este contexto, el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha apostado por profundizar esta política de transformación administrativa, orientada a fortalecer la eficiencia, la transparencia y la cercanía institucional. Las recientes reformas que ha dado paso a la creación de la Secretaría de las Mujeres, a partir del antiguo Inmujeres; la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que sustituye al Conahcyt; o la Secretaría del Buen Gobierno, concebida como una reformulación de la Secretaría de la Función Pública, reflejan un intento por articular políticas públicas con una visión integral de servicio y rendición de cuentas. A ello se suma la Agencia de Transformación Digital, cuyo objetivo es acelerar la simplificación de trámites y la digitalización de procesos gubernamentales. Estas medidas podrían apuntar hacia una administración pública más ágil, ética y orientada a resultados, capaz de reconstruir la confianza ciudadana.
Sin embargo, es necesario avanzar hacia una transformación transversal que atienda los múltiples desafíos que enfrenta la administración pública en México. En la Cámara de Diputados ya se han comenzado a dar pasos en esa dirección. Durante el foro “Construyendo una administración pública para los nuevos tiempos”, realizado la semana pasada en el Palacio de San Lázaro y organizado por el legislador Alfonso Ramírez Cuéllar, se abrió un espacio de diálogo orientado a replantear el sistema de auditorías y fiscalización, así como a renovar el capital humano, modernizar las tecnologías de gestión y fortalecer la profesionalización del servicio público, entre otros temas de gran relevancia. La iniciativa detrás de este encuentro busca impulsar reformas de amplio alcance, con la participación de la sociedad civil, la academia y representantes de los distintos grupos parlamentarios, en un esfuerzo por construir una administración pública moderna, eficiente y al servicio de la ciudadanía.
México tiene hoy la oportunidad de construir un aparato estatal más cercano y confiable. La tarea no es menor, se trata de reconciliar al Estado con su ciudadanía y demostrar que la función pública puede volver a ser sinónimo de integridad y de confianza.
