La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó con 32 votos a favor y 11 en contra, la opinión de impacto presupuestario a la iniciativa que expide la Ley General de Aguas, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, por lo que se remitirá a la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento para continuar con el proceso legislativo.
La diputada de Morena, Merilyn Gómez Pozos, quien preside la comisión, recordó que la iniciativa fue propuesta por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y las modificaciones no generarían impacto presupuestal para el erario federal.
Lo anterior, dado que entre sus disposiciones no se encuentra la creación de unidades administrativas, plazas o nuevos organismos, ni el establecimiento de nuevas atribuciones cualitativamente diferentes para el Estado y gobierno mexicanos.
El diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, mencionó que el objetivo es fortalecer la rectoría del Estado en el dominio y administración de las aguas nacionales, en correspondencia con lo que establece la Constitución Política.
Además, busca que el agua deje de administrarse como mercancía, por lo que la nueva ley no generaría impacto presupuestario. Ña Comisión solicitó asesoría al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Ifigenia Martínez y Hernández (CEFP), en donde precisa que la administración pública Federal cuenta con las estructuras orgánico-administrativas para dar cabal cumplimiento.
Entre ellas, mencionó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, mismas que no requieren mayores asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal 2026 ni subsecuentes.
Indica que se cuenta con recursos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 por un monto de 42 mil 91 millones de pesos, por lo que existen recursos que serán considerados en el ejercicio fiscal 2026, mismos que se pueden reasignar para cumplir con las funciones establecidas en la nueva legislación.
De acuerdo con la presidenta de la República, el propósito de la iniciativa es retomar y fortalecer la rectoría del Estado en el dominio y administración de las aguas nacionales, dar certeza a la actuación de la autoridad y brindar seguridad jurídica a las personas usuarias, privilegiando el interés general.
Así como tener una distribución más justa de este recurso vital, garantizando a las generaciones, presentes y futuras, el disfrute de este derecho fundamental.
