Tras más de seis horas de discusión, el Senado de la República aprobó con 76 votos a favor y 39 en contra, el dictamen de la Reforma de la Ley de Amparo, que promovió la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, la cual contempla agregar el concepto “interés legítimo” en los juicios de amparo, la digitalización, entre otras modificaciones.
La iniciativa reforma la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a fin de establecer el proceso de amparo de manera efectiva y justa, por ejemplo, por medio de la prohibición de otorgar suspensiones que permitan operar sin permisos o concesiones, la fijación de plazos procesales para evitar retrasos o liberar recursos vinculados a lavado de dinero.
Durante la discusión en el Pleno, la oposición, principalmente el PRI y el PAN, se pronunciaron en contra, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, comentó que el proceso para la aprobación se llevó a cabo de manera trasparente y se incluyeron todas las voces, pues recordó que se realizaron audiencias públicas.
Destacó que la modificación busca evitar demandas basadas en intereses abstractos, la sobrecarga de los tribunales con juicios de amparo sin fundamento y fortalece la seguridad jurídica; además, se fijan plazos para las notificaciones y resoluciones de los procesos legales.
“La finalidad es que el amparo sea un procedimiento pronto y expedito. Se dijo que el interés legítimo se restringía. El dictamen demuestra ya lo contrario, recoge la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mantiene abierta la vía del amparo tanto para la sociedad civil como para la defensa de los derechos colectivos”, aseveró.
Otro de los reclamos de la oposición fue que las suspensiones en temas como la deuda pública o el sistema financiero debilitarían la protección constitucional, sin embargo, la izquierda explicó que se preserva el derecho de las personas a un mínimo vital y admite la suspensión definitiva cuando se acredite que los recursos sean lícitos.
El dictamen señala que entre 2018 y 2025 se desbloquearon 27 mil millones de pesos por medio de suspensiones provisionales y 32 mil millones mediante sentencias definitivas, lo que se tradujo en “uso indebido del recurso”.
El senador de Morena, Enrique Insunza Cázares, indicó que el juicio de amparo es la “piedra angular” del estado constitucional del derecho y tiene la intención de armonizar los mecanismos complementarios de defensa en materia fiscal y administrativa.
“El objetivo es diáfano, garantizar el acceso a una justicia más ágil, efectiva y humanista, en sintonía con los principios de nuestra Constitución, los compromisos internacionales que constan los tratados internacionales en materia de derechos humanos que ha suscrito nuestro país y desde luego a las exigencias de la sociedad mexicana”, apuntó.
Agregó que la iniciativa pondrá al centro a las personas, ya que se establecen reglas más precisas para la suspensión del acto reclamado, reglas acordes a las necesidades de la tutela de los intereses de la colectividad, así como de la sociedad.
Eunice Cruz
