El Senado de la República realizó audiencias públicas sobre el proyecto para reformar la Ley de Amparo, con la finalidad de ajustar el dictamen legislativo y enriquecerlo; para el análisis fueron seleccionados 40 ponentes, quienes hicieron observaciones en materia de derecho penal, principalmente en los conceptos de “interés legítimo” y “juicio de amparo”.
El Senador de Morena, Javier Corral, mencionó que esta iniciativa fue enviada el 17 de septiembre por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien comentó que es necesario que, “la justicia llegue al más necesitado, históricamente traicionado y mancillado por el poder político”.
La reunión fue encabezada por las Comisiones Unidas de Justicia, Estudios Legislativos y Hacienda; el dictamen propone adicionar diversas disposiciones a la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La abogada constitucionalista, Claudia Aguilar Barroso, indicó que el interés legítimo y la suspensión en el juicio de amparo son temas que tocan la eficacia real de las resoluciones que emitan los jueces de amparo.
Añadió que el dictamen plantea que la norma, acto u omisión reclamado, deban ocasionar en la persona quejosa una lesión jurídica, real y diferenciada, para que los efectos produzcan un beneficio certero.
“Desde que se incorporó el interés legítimo se concibió como un concepto abierto, en construcción, que debía perfilarse caso por caso, a través no solo de la jurisprudencia, sino del quehacer de las personas juzgadoras, hoy, sin embargo, lo que se pretende con la iniciativa es positivizarlo y generar el acceso al juicio de amparo”, sostuvo.
En su turno, el presidente del Colegio de Derecho Procesal Penal, Carlos Cuenca, compartió que la digitalización de trámites significa un avance para promover los juicios de amparo y todas las acciones que se puedan desprender de ella.
Respecto a la prisión preventiva oficiosa, explicó que se trata de “una pena adelantada”, por lo que no representa una solución, pues donde se resuelve un caso es en las Fiscalías, sin embargo, calificó la iniciativa de manera positiva.
El presidente del Colegio de Abogados de Veracruz, José Alberto Priego Miranda, consideró que la iniciativa pasa por alto la prisión oficiosa, pues dijo que viola la libertad personal, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley.
“Se debería atender la raíz del problema y suprimir una medida que ha sido condenada por instancias internacionales y que hoy constituye una pena anticipada incompatible con un sistema democrático de justicia, de aprobarse esta iniciativa en sus términos, expone a México a una nueva condena internacional”, dijo.
Luisa Conesa Labastida, quien es profesora en Derecho Constitucional en la Escuela Libre de Derecho, recordó que el término “interés legítimo” surgió de la Reforma de 2011 e hizo un cambio sustantivo, lo cual contradijo al ponente, Ulrich Richter Morales, quien consideró que la anulación traería beneficios directos.
“Sin duda el interés legítimo se ha convertido en una herramienta muy importante en cuanto a la democratización y el acceso amplio de las personas; quien tiene interés legítimo forma parte de un colectivo, de una sociedad; si quitamos esto le vamos a quitar fuerza al amparo desde un sentido popular”, apuntó Conesa Labastida.
Benjamín Canela Manzo, Académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, se enfocó en el artículo 3 de la propuesta de Reforma de la Ley de Amparo, que aborda los medios electrónicos y digitales; destacó que gracias a la digitalización se evitará el uso del papel y se podrán consultar casos en línea, lo que favorece a todas las partes.
Eunice Cruz
