La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al gobierno mexicano a mantener un diálogo transparente con las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, en 2014, y recordó que la medida cautelar emitida ese año sigue vigente.
En un comunicado, la CIDH destacó que el último informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia señala la posible participación de policías, militares, autoridades locales y crimen organizado en la desaparición. La organización expresó preocupación por la opacidad en documentos resguardados por la Secretaría de la Defensa Nacional y el otorgamiento de beneficios procesales a militares.
La Comisión reconoció avances recientes, como la reapertura del diálogo con familiares, la promesa de abrir archivos del Ejército y el anuncio de nuevas líneas de investigación coordinadas entre la Fiscalía, el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia. En noviembre se prevé la sexta reunión entre autoridades y representantes de las víctimas.
La CIDH lamentó que Donato Abarca Beltrán, padre del normalista Luis Ángel Abarca, falleciera sin conocer el paradero de su hijo.
El 26 de septiembre de 2014, policías municipales atacaron a estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, dejando seis muertos y 43 desaparecidos presuntamente entregados al grupo criminal Guerreros Unidos. A 11 años, el destino de los jóvenes sigue sin esclarecerse.
