La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, publicó en redes sociales el documento que envió a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, donde le advirtió sobre el “alto riesgo” de que fueran liberados ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalados de estar involucrados en el caso Ayotzinapa.
El documento fue entregado en diciembre pasado a la Corte, según lo mostrado en su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter.
Luis María lo hizo público tras la orden que recibió esta mañana por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien habló del tema durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.
En el oficio se menciona el fallo dictado el pasado 30 de noviembre por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México, donde los magistrados Francisco Javier Sarabia, Juan José Olvera y Horacio Armando Hernández, consideraron fundada una impugnación de los soldados.
“…la ejecutoría no ha sido formalmente notificada, en consecuencia determinó modificar y conceder la suspensión para el efecto de celebrar una nueva audiencia a fin de que se emita una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada a los inculpados relacionados con el caso Ayotzinapa: subteniente Omar Torres Marquillo, sargento segundo Roberto de los Santos Eduviges, sargento segundo Ramiro Manzanares Sanabria, sargento segundo Juan Andrés Flores Lagunas, sargento primero Gustavo Rodríguez de la Cruz, Cabo Uri Yashiel Reyes Lasos, Cabo Ely Estrada Díaz y cabo Juan Sotelo Díaz”, indica el documento.
Asimismo, expone que existía un alto riesgo de sustracción de la justicia y que se vuelvan ilocalizables o huyan del país.
“Además, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de las madres y padres que los buscan”, añadió.
Luisa María terminó manifestando su confianza en que el Poder Judicial velaría por el Estado de Derecho, para no generar impunidad e injusticia.
