Tras varios años de reclamos y exigencias de comunidades mayas y activistas, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró definitivamente, por contaminar y violar la ley ambiental, la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chí, Mérida.
Con más de 50 mil cerdos, la granja descargaba aguas residuales sin permisos y durante años desatendió las medidas correctivas y fue señalada por los pobladores por los malos olores y la afectación al agua de la zona.
La alcaldesa de Mérida, Cecilia patrón, declaró que respaldarán la decisión de la Profepa y reforzarán la supervisión de los sistemas de agua para garantizar su sanidad.
En tanto, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, informó que trabajan en la reubicación de los animales.
