En la primera semana de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos atenderá los argumentos sobre la legalidad de los aranceles promovidos por el presidente Donald Trump, cuya administración solicitó al alto tribunal una “decisión expeditiva” sobre el tema.
A finales de agosto, un tribunal federal de apelaciones determinó que Trump excedió sus atribuciones para imponer gran parte de dichos aranceles a sus socios comerciales desde su regreso a la Casa Blanca; sin embargo, permitió que continúen en vigor mientras la máxima corte se pronuncia.
El gobierno de Donald Trump alegó ante el alto tribunal las consecuencias perjudiciales si se invalidan los aranceles, y se pierda así una herramienta de presión clave en las negociaciones con los socios comerciales de Estados Unidos.
El temor a que el republicano aumente desproporcionadamente los aranceles, ha llevado a muchos de estos socios, incluida la Unión Europea (UE), a descartar cualquier represalia y abrir aún más sus mercados a los productos estadounidenses.
Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles “recíprocos” a casi todos sus socios comerciales, con un nivel base de 10% y tasas más altas para decenas de economías, incluida la UE y Japón.
También empleó atribuciones similares para imponer aranceles separados a México, Canadá y China debido a, según dijo, el flujo de drogas mortales que permiten hacia Estados Unidos.
