Este 1° de septiembre fue mucho más que una fecha en el calendario. Es el inicio de un nuevo capítulo para la historia de México. Por primera vez, una mujer ocupa la Presidencia de la República, y no cualquier mujer, sino una científica, humanista y luchadora social: la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Su llegada representa no solo un cambio simbólico, sino el arranque firme del segundo piso de la Cuarta Transformación y en esta fecha rindió su primer informe de Gobierno.
La presidenta Sheinbaum fue clara: el poder político ya no está subordinado al poder económico, y el Estado ha recuperado su papel como garante de justicia social, abandonando definitivamente el modelo neoliberal que durante décadas sembró desigualdad y pobreza. Hoy transitamos hacia un modelo de desarrollo humanista que pone al centro los derechos, la dignidad humana, la prosperidad compartida y con estabilidad macroeconómica.
Los datos lo demuestran: más de 13.5 millones de personas han salido de la pobreza desde 2018, y la desigualdad ha caído a niveles no vistos en 40 años. México es hoy el segundo país con menor desigualdad en América, solo por debajo de Canadá. Estos logros no son casualidad; son el resultado de una política que prioriza a quien más lo necesita y apuesta por una economía moral.
En lo económico, hay rumbo y hay responsabilidad. La inversión extranjera directa rompió récord con más de 36 mil millones de dólares; la moneda se ha mantenido por debajo de los 19 pesos por dólar; el desempleo se ubica en 2.7%, uno de los niveles más bajos del mundo; y la inflación anual se estabiliza en 3.5%. El salario mínimo creció este año un 12%, y desde 2018 ha aumentado más de 135% en términos reales. La deuda pública se mantiene anclada en el 50% del PIB, lo que garantiza responsabilidad financiera al mismo tiempo que se amplían derechos sociales.
A esto se suma el arranque del Plan México, una política industrial que articula polos de desarrollo, innovación tecnológica soberana y reactivación del mercado interno, con el objetivo de llevar la industrialización a todas las regiones del país. Cinco de los quince polos ya están en marcha, y el dinamismo que generan ya empieza a sentirse.
En este ejercicio democrático en favor de México, tanto el Senado y la Cámara de Diputados también han sido actores clave para consolidar la transformación jurídica del país. En el primer año de la LXVI Legislatura se aprobaron 19 reformas constitucionales y más de 40 leyes que fortalecen la soberanía, amplían derechos y resarcen el daño de las políticas del pasado. De todas ellas, me permito centrar si atención en una que es histórica: la reforma al Poder Judicial. Por primera vez en la historia moderna, los jueces, magistrados y ministros fueron elegidos por el pueblo.
Este 1° de septiembre, el Senado de la República recibió y tomó protesta a más de 881 nuevos integrantes del Poder Judicial Federal, electos democráticamente. Se abre así una nueva era de legalidad y confianza en la justicia, donde el pueblo dejó de ser espectador para convertirse en protagonista.
Este primero de septiembre no solo fue importante solo por el informe presidencial. También lo es porque los tres Poderes de la Unión —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— coinciden en una transformación de fondo, nacida desde abajo, con el pueblo y para el pueblo. Es un nuevo pacto social, una nueva República que se construye con esperanza, con justicia y con resultados para ser un país de derechos y libertades.
