La infraestructura es uno de los pilares del desarrollo económico y social de cualquier país. La existencia de hospitales, escuelas, carreteras, puertos, aeropuertos, sistemas hidráulicos, instalaciones energéticas y telecomunicaciones es un elemento fundamental (más no el único) para alcanzar el bienestar de la población. Además, facilita la cohesión territorial, la inclusión social y posibilita la competitividad internacional.
Una infraestructura adecuada reduce costos de las transacciones, puede incrementar la productividad y facilita la integración de mercados. Las carreteras acercan los productores rurales a los centros de consumo, puertos modernos facilitan el comercio internacional, una amplia red de instalaciones energéticas atrae la inversión extranjera. Asimismo, la existencia de hospitales equipados, escuelas dignas, sistemas de transporte eficientes y servicios de agua potable incide de manera directa en la calidad de vida de la población.
La importancia de la infraestructura está incluso reconocida en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, al incluir como uno de sus objetivos el “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación”, como una de las medidas necesaria para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida de las personas. Autores como Jeffrey Sachs señalan que una inversión pública inteligente en infraestructura permitirá crear trabajos, construir una economía verde y reducir la desigualdad[1].
Sin embargo, la inversión pública no es suficiente. El tradicional modelo de Estado Benefactor ha quedado rebasado por la realidad mundial; los recursos públicos se quedan cortos al tratar de cubrir todas las necesidades de la población y es cada vez más evidente la necesidad de alianzas con el sector privado para mantener la competitividad en los mercados internacionales. De manera contraria a las visiones tradicionales, que señalaban que la creación de riqueza correspondía casi exclusivamente a las empresas privadas, la famosa economista Mariana Mazzucato menciona que el Estado también tiene un rol importante en la producción de valor económico y propone la formación de alianzas claras con el sector privado, donde aquél establezca los principales objetivos de desarrollo en temas con salud universal, transición ecológica o acceso a nuevas tecnologías e invite al sector privado a invertir, en condiciones favorables para ambos, con riesgos y beneficios compartidos y en beneficio de la sociedad[2].
En México se reguló la relación con el sector privado a través de la Ley de Asociaciones Público Privadas, que buscaba aprovechar la eficiencia operativa, capacidad financiera y experiencia técnica del sector privado, al tiempo que se pretendía aliviar la carga inmediata sobre el gasto público. No obstante, este esquema fue objeto de grandes críticas que destacaban fuertes deficiencias, como una distribución inequitativa de riesgos en perjuicio del sector público, falta de supervisión y prelación del interés privado sobre el público.
Si bien es cierto que la inversión privada es esencial para el desarrollo de México, es muy necesario identificar esquemas de colaboración que coloquen al bienestar de la población en el centro de la actuación público-privada y que se cuente con los mecanismos de supervisión necesarios para asegurar un uso más eficiente de los recursos públicos utilizados en cada proyecto, y en los que los beneficios no se concentren de manera exclusiva en los actores privados.
Ante este panorama, hace unas semanas presenté una iniciativa que tiene como objetivo adoptar un nuevo marco normativo para impulsar una política nacional de infraestructura basada en el bienestar social[3]. Se reconoce el papel que puede desempeñar la inversión privada en la infraestructura nacional, pero se establecen nuevas condiciones legales e institucionales priorizando el interés público, la equidad territorial, la rendición de cuentas y la sostenibilidad ambiental.
De tal forma, la iniciativa de la Ley General de Infraestructura para el bienestar considera que la inversión privada es un elemento clave para acelerar la ejecución de obras sin comprometer la sostenibilidad fiscal del gobierno. Además, los nuevos esquemas de colaboración deberán presentar soluciones sostenibles, innovadoras y de alto impacto social ante las diversas problemáticas públicas.
La iniciativa busca superar las fallas que identificó la Auditoría Superior de la Federación en la Ley de Asociaciones Público-Privadas, como la pérdida de control estatal sobre los activos, sobrecostos injustificados, falta de rendición de cuentas por parte del sector privado y una selección de proyectos que no respondían a criterios de rentabilidad social.
De manera general, se proponen cuatro esquemas de inversión: directa (la entidad pública destina recursos para el pago de la infraestructura, que es desarrollada por un socio inversionista), indirecta (la entidad pública contribuye con recursos para hacer viable el desarrollo de la infraestructura, con la opción de adquirirla en el futuro), mixta (actores público y privado aportan recursos, tanto financieros como en especie, para desarrollar conjuntamente la infraestructura), y mínima (la entidad pública no realiza aportaciones financieras directas, sino que facilita el proyecto a través de autorizaciones y apoyos no monetarios).
El nuevo modelo busca asegurar que los recursos se administren de manera eficiente, eficaz y transparente, que los beneficios se compartan y que los actores privados obtengan retornos razonables de inversión. Con la finalidad de combatir la discrecionalidad y opacidad, se propone la creación de una Comisión de Infraestructura para el Bienestar como un órgano colegiado que pueda coordinar, autorizar, evaluar y supervisar los proyectos.
La iniciativa se construyó con la participación de diversos actores y se busca realizar mesas de diálogo para que especialistas e inversionistas puedan brindar su opinión y enriquecer el documento antes de su aprobación en la Cámara de Diputados. Estos ejercicios ya han iniciado; por ejemplo, el pasado 19 de agosto se llevó un Foro de Análisis en la ciudad de Toluca organizado por el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, en el que se abordaron importantes temas, como la importancia de la seguridad jurídica a largo plazo para la atracción de inversiones, o la propuesta de un panel técnico independiente y multidisciplinario.
La economía mexicana va por buen camino, pero es necesario apuntalarla con modelos de inversión que permitan pensar en una infraestructura sostenible, moderna y resiliente, que contemple el uso de energías renovables y de las nuevas tecnologías para que los beneficios no lleguen sólo a unas cuantas personas, sino que avancemos hacia una verdadera prosperidad compartida.
[1] SACHS, Jeffrey. La era del desarrollo sostenible. Deusto, Madrid, 2015.
[2] MAZZUCATO, Mariana. El estado emprendedor. Taurus, México, 2023.
[3] https://www.senado.gob.mx/66/gaceta_comision_permanente/documento/151112
