El estado de excepción decretado el 6 de diciembre de 2022 por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, con el argumento de enfrentar la criminalidad, permite arrestos sin orden judicial y mantiene el despliegue de la Policía Militar en las calles.
La medida se ha prorrogado de manera constante y, según “Cristosal”, la organización regional de derechos humanos, ha derivado en violaciones graves a las libertades fundamentales.
La organización no gubernamental presentó un informe este jueves, en el que advierte que “lejos de garantizar seguridad”, la emergencia ha generado “una mayor percepción de inseguridad y propiciado múltiples abusos de poder, incluyendo malos tratos, lesiones y actos de tortura”.
Elaborado a partir de 106 entrevistas, el documento describe impactos psicosociales de importancia, especialmente en grupos vulnerables, aunado a un deterioro de la salud mental que va más allá de la estadística.
Cifras oficiales indican que 9 mil 668 personas han sido detenidas desde el inicio del estado de excepción por “diversos delitos”.
En tanto, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, sostiene que la tasa de homicidios se redujo un 25% en 2024, hasta 26.8% por cada 100 mil habitantes, “el nivel más bajo de la historia”.
