En un nuevo golpe a la libertad de prensa, el gobierno de Vladimir Putin declaró “indeseable” a Reporteros Sin Fronteras, lo cual implica la prohibición de cualquier actividad de la organización en territorio de Rusia.
La actual legislación expone a quienes apoyen, financien y colaboren con este tipo de asociaciones, a enfrentar severos procesos judiciales, incluidas penas de cárcel, lo que convierte a la medida en un instrumento represivo y de censura.
Más de 250 organismos han sido incluidos en la categoría de “organización indeseable” creada por el régimen ruso en 2015, entre ellos Amnistía Internacional, Greenpeace y varios medios de comunicación internacionales.
