Esta mañana, desde Palacio Nacional, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, y la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, presentaron las tres leyes en materia de seguridad que se están enviando este martes desde el Poder Ejecutivo al Congreso para su discusión y en su caso aprobación.
“Esta ley otorga sustento jurídico al Gabinete Federal de Seguridad Pública, dándole obligatoriedad y posibilitando que su modelo sea replicado en las entidades federativas, mediante las mesas de paz, lo que fortalece la toma de decisiones conjuntas y la actuación territorial”, puntualizó Figueroa sobre la Ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En esta Ley se definen mínimos institucionales para el desarrollo de policías, fiscalías y sistemas penitenciarios, al mismo tiempo que se impulsa la creación de una política nacional de acreditación y certificación que no sólo evaluará a los integrantes de las instituciones, sino también a dichas instituciones, estableciendo estándares de calidad, confianza y profesionalismo.
“Asimismo, se establece la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, institución educativa, que se encargará de formar a los mejores profesionales en inteligencia e investigación, así como en formación especializada y de altos mandos con una visión humanista, ética y de amor a la patria”, precisó.
En cuanto a los registros nacionales de seguridad pública y las bases de datos que conforman el sistema nacional de información, también se establecen nuevos estándares que los ampliarán y mejorarán la calidad de los mismos, con el objetivo de tener más y mejores datos para la toma de decisiones y la evaluación de las estrategias en seguridad pública.
Por otro lado, la consejera jurídica explicó las leyes del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la de la Guardia Nacional.
“Este ordenamiento establece y regula el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, en materia de Seguridad Pública, como una herramienta orientada a la prevención, detección y desarticulación de las amenazas que atentan contra la paz pública y los derechos fundamentales de los mexicanos, así como de su investigación, persecución, en todo momento, bajo el mando y como coadyuvante del Ministerio Público”, precisó Ernestina Godoy.
Uno de los principales objetivos es establecer medios de colaboración efectivos entre las instancias del Sistema Nacional de Inteligencia y las diversas autoridades del Estado en sus tres órdenes de gobierno: estatal, federal y municipal, para el suministro de la información, así como establecer claramente los mecanismos de coordinación con el Gabinete de Seguridad, con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General de la República para alcanzar los objetivos que se prevén en esta ley.
Por otro lado, la Ley de la Guardia Nacional establece a esta institución como una fuerza de seguridad pública profesional, de carácter permanente, con sus grados, mandos y estructura equivalentes a los del Ejército y Fuerza Aérea, asegurando que sus funciones se realicen dentro del marco legal para enfrentar las amenazas a la seguridad nacional y garantizar la paz pública.
También se dispone la colaboración de la Guardia Nacional con las instancias de seguridad pública para generar, compartir y obtener información en materia de prevención y persecución de los delitos, siempre bajo la conducción y mando de la autoridad ministerial, como coadyuvantes también. Este modelo de cooperación interinstitucional tiene como objetivo mantener el orden y la paz social. “También se establece que la actuación de todo su personal se regirá por los principios de amor a la patria, legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, honestidad y respeto irrestricto a los derechos humanos, reconocidos en nuestra Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte”, detalló Godoy.
