La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al Gobierno de Donald Trump reanudar las deportaciones de migrantes a países distintos al de origen, sin necesidad de ofrecerles una audiencia previa para exponer posibles riesgos, lo que representa un nuevo respaldo a su política de expulsiones masivas.
El fallo anula una orden previa del juez federal Brian Murphy, de Boston, quien había exigido al gobierno brindar a los migrantes una oportunidad para advertir si enfrentaban riesgo de tortura en su país de destino.
La decisión del máximo tribunal, emitida sin firma ni argumentación, responde a una solicitud de urgencia del Ejecutivo.
La jueza Sonia Sotomayor, junto a los otros dos magistrados liberales, expresó un fuerte disenso, calificando la medida como un “abuso flagrante” y una muestra de indiferencia ante el peligro que enfrentan miles de personas deportadas a zonas violentas e inestables.
El caso se originó tras una demanda colectiva presentada por organizaciones defensoras de migrantes, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional acelerara en febrero las deportaciones a terceros países.
En mayo, Murphy había frenado un intento de expulsión a Sudán del Sur, advirtiendo sobre la situación de violencia, secuestros y conflicto armado en ese país.
Como resultado, varios migrantes, entre ellos personas originarias de Cuba, México, Laos, Vietnam y un ciudadano sursudanés, fueron retenidos en una base militar en Yibuti, en espera de resolución.
