En un juicio sin precedente en la historia de Perú, el expresidente Pedro Castillo se enfrenta a la justicia por el delito de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, tras su intento fallido de disolver el Congreso el 7 de diciembre de 2022.
La tensión rondó la audiencia cuando el expresidente cuestionó la imparcialidad del tribunal y anunció su decisión de renunciar a la defensa de un abogado porque, dijo, está condenado de antemano.
Castillo calificó el juicio de “pantomima, pues no me puedo someter a un juicio oral donde todo puede estar predispuesto, este juicio es una pantomima”, dijo al tribunal de la Corte Suprema en el primer día del proceso.
La fiscalía pide 34 años de cárcel con 65 pruebas documentales y la declaración de 70 testigos contra Castillo, de 55 años, quien permanece en prisión preventiva desde el día de los hechos. La audiencia duró tres horas y continuará este jueves 6 de marzo.
El juicio oral, que se desarrolla en un tribunal construido dentro de una base policial, ha generado expectación y polarización en la sociedad peruana.
Mientras sus simpatizantes lo consideran un preso político víctima de una persecución judicial, sus detractores lo acusan de intentar socavar la democracia.
Castillo llevaba 17 meses en el poder cuando fue destituido. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo. Es el cuarto expresidente que se sienta en el banquillo en el último cuarto de siglo por delitos desde corrupción hasta violaciones de derechos humanos.
