Diversas entidades gubernamentales de Estados Unidos, lideradas por San Francisco, han emprendido acciones legales contra la administración de Donald Trump
Estas acciones desafían las políticas de Trump en materia de inmigración y las amenazas de penalización hacia las jurisdicciones consideradas “ciudades refugio” para migrantes indocumentados.
La demanda, presentada en el Distrito Norte de California, busca que el tribunal declare ilegales las medidas adoptadas por el gobierno federal.
La controversia se centra en la orden ejecutiva firmada por Trump el 20 de enero, jornada de su investidura, que amenaza con la supresión de fondos federales a las urbes que ofrezcan santuario a inmigrantes y exigía el procesamiento de aquellos que obstaculicen la ley.
En respuesta, fiscales como David Chiu, de San Francisco, han denunciado la coerción del gobierno federal sobre los funcionarios locales, forzándolos a acatar su voluntad bajo la amenaza de perder financiamiento o enfrentar juicios, lo que consideran una vulneración de los principios democráticos y del imperio de la ley.
La batalla legal se libra en un momento de creciente tensión entre el gobierno federal y las jurisdicciones que defienden políticas migratorias más flexibles. El estado de Illinois y la ciudad de Chicago, conocida por sus sólidas protecciones a migrantes, se enfrentan a la primera demanda judicial del Gobierno de Trump, que ha ordenado la retención de recursos federales a las administraciones que impulsan estas políticas.
En sintonía, el condado de Santa Clara también presentó una demanda federal para bloquear la orden ejecutiva de Trump.
