Setenta y nueve países firmaron una declaración conjunta de apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI) luego del ataque del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
«Hoy en día, la Corte se enfrenta a desafíos sin precedentes: se han adoptado medidas de sanción a la corte y sus funcionarios, así como los que cooperen con ella, en respuesta a que la Corte lleva a cabo su mandato de acuerdo con el Estatuto de Roma», se lee en la declaración.
Sin embargo, no se menciona por su nombre al gobierno estadounidense ni a su presidente Donald Trump, quien firmó la orden ejecutiva para anunciar restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos (donde está la sede central de la ONU) a individuos de la CPI, así como su familia inmediata (pareja e hijos), que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.
«Esas medidas, dice la declaración conjunta, acrecientan los riesgos de impunidad para los crímenes más graves y amenazan con erosionar el imperio de la ley internacional; más incluso, las sanciones pueden ponen en peligro la confidencialidad de informaciones delicadas y la seguridad de los afectados, incluyendo víctimas, testigos y miembros de la Corte», indica el texto.
«Lamentamos todo intento de socavar la independencia de la Corte, su integridad y su imparcialidad (y) subrayamos su papel insustituible para acabar con la impunidad, promover el imperio de la ley fomentar el derecho duradero por los derechos humanos», se agrega en el texto.
La mayoría de países latinoamericanos firma la declaración, excepto Argentina, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Paraguay o El Salvador.
Entre los firmantes de la declaración también hay varios países europeos como España, Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia u Holanda, pero no así Italia ni Hungría; también están aliados de Estados Unidos como Canadá, pero no Australia. Faltan numerosos países africanos o asiáticos cercanos a Rusia.
