Más allá de la disputa electoral está el orden constitucional y legal que las fuerzas políticas están ignorando, poniendo en peligro la gobernabilidad del país.
Durante algunos días Nuevo León ha sido tema nacional. No por los problemas de seguridad hídrica o movilidad que padecen los habitantes de Monterrey, tampoco por la mala calidad del aire que afecta a diversos municipios, ni mucho menos por un tema seguridad.
Nuevo León es la entidad del país más beneficiada con el fenómeno de la relocalización de inversiones, no por lo sobresaliente de sus autoridades, sino por la cercanía y ventaja de compartir una frontera de más de 14 kilómetros con Texas.
Como escribiera Robert D. Kaplan en La venganza de la Geografía, uno de sus tantos libros, “La situación de un Estado en el mapa es lo primero que lo define, incluso más que la filosofía de gobierno.”
Y lo que ha definido desde siempre a Nuevo León es el potencial de su actividad industrial dada su estrecha vinculación con la economía de los Estados Unidos.
Ahora con el nearshoring se está generando una importante fuente de empleos y se estima que para los próximos diez años, el sector de la vivienda deberá construir alrededor de 500 mil casas para alojar de forma permanente a miles de trabajadores.
A México le urge enviar al mundo una señal de estabilidad política y social, así como de certeza jurídica para atraer inversiones y generar empleos.
Sin embargo, esto no parece alcanzar a entenderlo el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, por un lado; por el otro, una Secretaría de Gobernación rebasada, ausente e incapaz para comprender y atender los problemas de gobernabilidad del país.
Ambos son un ejemplo de jóvenes que han demostrado que no sirven para conducir las instituciones y las utilizan a capricho como un juguete nuevo.
En peores condiciones están los integrantes del Congreso de Nuevo León que dieron pauta para hacer crecer el conflicto con el gobernador. De haber tenido intenciones de resolverlo, debieron solicitar la intervención del Senado de la República para su solución, conforme a la fracción VI del artículo 76 Constitucional, a fin de resolver esta cuestión política surgida entre los poderes de esta entidad federativa, no para declarar su desaparición.
El país fue testigo de toda una gran obra de teatro montada a capricho del bisoño gobernador, desde la entidad federativa con la mayor actividad económica que ya quisieran ser Oaxaca, Chiapas o Guerrero.
Por casos como este, en México se sigue sentando un precedente más de lo vulnerable que están sus instituciones y que si sus gobernantes pueden, cualquiera puede dañarlas.
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