El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, declaró la ley marcial para salvaguardar a una Corea del Sur liberal de las amenazas que plantean las fuerzas comunistas de Corea del Norte y para eliminar a los elementos antiestatales pronorcoreanas que están saqueando la libertad y la felicidad del pueblo y para proteger el libre orden constitucional.
No dijo en el discurso qué medidas específicas se tomarán. Yoon citó una moción presentada esta semana por el opositor Partido Demócrata surcoreano, que tiene mayoría en el parlamento, para acusar a algunos de los principales fiscales del país y su rechazo a una propuesta de presupuesto del gobierno, quien los acusó de «‘actividades antiestatales”.
En su discurso, Yoon criticó duramente al Partido Demócrata, por lo que llamó una “dictadura legislativa”. Señaló que las mociones de destitución presentadas contra varios funcionarios del gobierno han obstaculizado el funcionamiento de las instituciones estatales.
Aunque reconoció que la ley marcial podría causar inconvenientes a los ciudadanos, Yoon prometió reducir al mínimo su impacto. “Me concentraré en minimizar este inconveniente”, aseguró, reiterando que la medida tiene como objetivo salvaguardar la libertad y seguridad de la población. El mandatario también expresó su compromiso de restaurar el orden lo más pronto posible. “Erradicaré las fuerzas antiestatales y normalizaré el país lo antes posible”, prometió.
Este movimiento sorpresivo ocurre mientras el Partido del Poder del Pueblo de Yoon y el principal partido opositor, el Partido Democrático, siguen discutiendo sobre el proyecto de ley del presupuesto para el próximo año.
Los diputados de la oposición aprobaron la semana pasada un plan presupuestario significativamente reducido a través de un comité parlamentario.
“Nuestro Congreso Nacional se convirtió en un refugio para criminales, un antro de dictadura legislativa que busca paralizar los sistemas judicial y administrativo y derrocar nuestro orden democrático liberal”, dijo Yoon.
Acusó a los legisladores de la oposición de recortar “todos los presupuestos clave esenciales para las funciones fundamentales del país, como la lucha contra los delitos relacionados con las drogas y el mantenimiento de la seguridad pública, convirtiendo al país en un paraíso de las drogas y en un estado de caos en la seguridad pública”.
