La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear las secretarías Anticorrupción y Buen Gobierno, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y de las Mujeres, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 

Además, hace adecuaciones normativas y de atribuciones en las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Salud, Energía, Economía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Cultura, Turismo y de Educación Pública.

El documento, producto de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, hace ajustes en materia de lenguaje incluyente para modificar el término “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o Ejecutivo Federal” por “persona titular del Ejecutivo Federal”.

¿Cuáles son las tareas de las nuevas secretarías?

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá facultades en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, profesionalización e integridad pública, evaluación de la gestión gubernamental, mejora continua, modernización, contrataciones públicas, transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, fiscalización y anticorrupción.

La Secretaría de las Mujeres deberá establecer y conducir la instrumentación, coordinación, supervisión, seguimiento, implementación y evaluación de la política nacional en materia de mujeres, adolescentes y niñas, igualdad sustantiva y transversalización de la perspectiva de género, prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como el Sistema de Cuidados.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación se encargará de garantizar el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia, el progreso humanístico y la innovación tecnológica. Tendrá como atribución coordinar, articular y ejercer con relación a proyectos de investigación humanística, científica, desarrollo tecnológico y de innovación. Fomentará el progreso, a través de la colaboración, cooperación y el intercambio nacional e internacional, formación de recursos humanos de alto nivel para el desarrollo de la investigación, divulgación e incorporación a proyectos estratégicos.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones permitirá poner al servicio de la ciudadanía diferentes herramientas tecnológicas para que, de manera ágil e inmediata, ejerzan y exijan sus derechos. Tendrá funciones de transformación digital, gestión de información y tecnología, atención ciudadana y telecomunicaciones, así como la adopción y uso de la identidad y ciudadanía digital, mecanismo único de autenticación digital basado en la Clave Única de Registro de Población con la protección de los datos en coordinación con la Secretaría de Gobernación.

Rosario Piedra Ibarra rindió protesta como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029, luego de que fuera reelecta con una votación de 87 votos en el Pleno del Senado de la República en una sesión que duró más de 13 horas.

La votación se hizo mediante cédulas que introdujeron en una urna transparente colocada en el pleno senatorial. En total, se emitieron 127 votos por cédula, de los cuales, 87 fueron a favor de Rosario Piedra Ibarra, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su designación; 36 votos fueron para Nashieli Ramírez Hernández y uno para Paulina Hernández Diz. Además, se emitieron tres votos nulos.

Luego de su aprobación, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, le tomó la protesta correspondiente para asumir el cargo y le entregó la constancia que la acredita como titular de la CNDH por un nuevo periodo de cinco años, que comprenderá del 16 de noviembre de 2024 al 15 de noviembre de 2029.

Conforme al procedimiento que acordó el Pleno del Senado para garantizar la transparencia de la elección y mantener la secrecía de los votos, las secretarias de la Mesa Directiva, Verónica Camino Farjat, de Morena, e Imelda Sanmiguel Sánchez, del PAN, dieron cuenta de las 128 cédulas de votación.

Dichas cédulas fueron firmadas por los presidentes de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña; de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández; así como los coordinadores parlamentarios del PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez; del PRI, Manuel Añorve Baños; y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich.

Las y los senadores fueron llamados por orden alfabético, uno por uno firmó una lista para recibir la boleta y poder depositar su voto en la urna transparente que se colocó al centro del salón de sesiones.

Previamente, al fundamentar el dictamen, la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que la terna estuvo integrada únicamente por mujeres, cuyos perfiles son idóneos para cumplir con las responsabilidades del cargo y que, además, responden con lo que la sociedad demanda para una ombudsperson en México.

Consideró que las propuestas de trabajo de Hernández Diz, Piedra Ibarra y Ramírez Hernández prometen que la CNDH llegue a los lugares donde se encuentren las víctimas y para que sus recomendaciones se cumplan y tengan un efecto reparatorio.

La senadora adelantó que, independientemente de la decisión del Senado, las y los legisladores seguirán de cerca el desempeño de la presidenta de la Comisión Nacional buscarán ser un vínculo entre el organismo y las organizaciones de la sociedad civil, además de que coadyuvarán con los planes de reestructuración que las tres finalistas propusieron para la comisión nacional.

El pleno del Congreso de San Luis Potosí aprobó por mayoría eliminar del Código Penal del estado el delito de aborto, con lo cual se derogan las disposiciones para dejar de penalizar la interrupción del embarazo de la mujer o persona gestante hasta antes de las 12 semanas de gestación.

Se indica que en los casos que  la mujer o persona gestante que voluntariamente interrumpa su embarazo o consienta que otra persona lo haga, después de las 12 semanas de embarazo, será sancionada esta conducta con una pena de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad. Esta conducta sólo será sancionada cuando se haya consumado.

Se establecen sanciones para quien interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante sin su consentimiento, sin importar la etapa gestacional, la cual será sancionada con una pena de tres a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de 300 a 800 días del valor de la unidad de medida y actualización.

Serán excluyentes de responsabilidad penal del delito de aborto cuando sea resultado de una acción culposa de la mujer o persona gestante, y que el embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida.

El Congreso del Estado tiene como fecha límite el 26 de noviembre para reformar la Constitución y legislar sobre el servicio de salud en hospitales públicos a quienes decidan abortar.