Rosario Piedra Ibarra rindió protesta como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029, luego de que fuera reelecta con una votación de 87 votos en el Pleno del Senado de la República en una sesión que duró más de 13 horas.

La votación se hizo mediante cédulas que introdujeron en una urna transparente colocada en el pleno senatorial. En total, se emitieron 127 votos por cédula, de los cuales, 87 fueron a favor de Rosario Piedra Ibarra, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su designación; 36 votos fueron para Nashieli Ramírez Hernández y uno para Paulina Hernández Diz. Además, se emitieron tres votos nulos.

Luego de su aprobación, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, le tomó la protesta correspondiente para asumir el cargo y le entregó la constancia que la acredita como titular de la CNDH por un nuevo periodo de cinco años, que comprenderá del 16 de noviembre de 2024 al 15 de noviembre de 2029.

Conforme al procedimiento que acordó el Pleno del Senado para garantizar la transparencia de la elección y mantener la secrecía de los votos, las secretarias de la Mesa Directiva, Verónica Camino Farjat, de Morena, e Imelda Sanmiguel Sánchez, del PAN, dieron cuenta de las 128 cédulas de votación.

Dichas cédulas fueron firmadas por los presidentes de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña; de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández; así como los coordinadores parlamentarios del PAN, María Guadalupe Murguía Gutiérrez; del PRI, Manuel Añorve Baños; y de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich.

Las y los senadores fueron llamados por orden alfabético, uno por uno firmó una lista para recibir la boleta y poder depositar su voto en la urna transparente que se colocó al centro del salón de sesiones.

Previamente, al fundamentar el dictamen, la senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que la terna estuvo integrada únicamente por mujeres, cuyos perfiles son idóneos para cumplir con las responsabilidades del cargo y que, además, responden con lo que la sociedad demanda para una ombudsperson en México.

Consideró que las propuestas de trabajo de Hernández Diz, Piedra Ibarra y Ramírez Hernández prometen que la CNDH llegue a los lugares donde se encuentren las víctimas y para que sus recomendaciones se cumplan y tengan un efecto reparatorio.

La senadora adelantó que, independientemente de la decisión del Senado, las y los legisladores seguirán de cerca el desempeño de la presidenta de la Comisión Nacional buscarán ser un vínculo entre el organismo y las organizaciones de la sociedad civil, además de que coadyuvarán con los planes de reestructuración que las tres finalistas propusieron para la comisión nacional.

El pleno del Congreso de San Luis Potosí aprobó por mayoría eliminar del Código Penal del estado el delito de aborto, con lo cual se derogan las disposiciones para dejar de penalizar la interrupción del embarazo de la mujer o persona gestante hasta antes de las 12 semanas de gestación.

Se indica que en los casos que  la mujer o persona gestante que voluntariamente interrumpa su embarazo o consienta que otra persona lo haga, después de las 12 semanas de embarazo, será sancionada esta conducta con una pena de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad. Esta conducta sólo será sancionada cuando se haya consumado.

Se establecen sanciones para quien interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante sin su consentimiento, sin importar la etapa gestacional, la cual será sancionada con una pena de tres a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de 300 a 800 días del valor de la unidad de medida y actualización.

Serán excluyentes de responsabilidad penal del delito de aborto cuando sea resultado de una acción culposa de la mujer o persona gestante, y que el embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida.

El Congreso del Estado tiene como fecha límite el 26 de noviembre para reformar la Constitución y legislar sobre el servicio de salud en hospitales públicos a quienes decidan abortar.

Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen que despenaliza por completo el aborto en la capital del país, con lo se eliminarían las penas para quien cometa dicho acto después de las 12 semanas de gestación.

En la Ciudad de México, desde 2007, se permite el aborto voluntario dentro de las primeras 12 semanas de gestación; después de ese periodo, la sanción va de entre tres y seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario a la mujer o persona gestante, según el Artículo 145 del Código Penal local.

Al fundamentar el dictamen, el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, expresó que sobre la despenalización del aborto hay posiciones a favor y en contra, por lo que “el Estado debe controlar las intervenciones sobre los cuerpos de las personas gestantes, y como agentes reproductoras de la especie, ya sea prohibiendo la práctica del aborto, legalizando y realizándola en hospitales públicos”.

Además, consideró que el tema debe analizarse de forma integral y no restrictiva, apoyando la idea del aborto en la libertad o autonomía de las personas gestantes. Argumentó que en el sistema jurídico internacional y su desarrollo jurisprudencial se ha reconocido que la decisión de tener descendencia biológica constituye un ámbito de la vida privada, que se relaciona con otros derechos.

De acuerdo con la legisladora del PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, aseguró que con esta reforma se avanza en el acceso seguro y regulado al aborto, fortaleciendo los derechos reproductivos para las mujeres, víctimas y otras personas gestantes. 

Detalló que desde su legalización se han realizado alrededor de 273 mil interrupciones, con un 77 por ciento realizados antes de las 10 semanas de gestación, lo que permite usar métodos menos invasivos; y sólo el 5.5 por ciento de las personas han recurrido a esta atención más de una vez.

El dictamen pasó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y votación.