La expresidenta y líder del peronismo opositor, Cristina Fernández de Kirchner, fue condenada a seis años de prisión por fraude al Estado por un tribunal superior de Argentina, que también la inhabilita para ocupar cargos públicos.
La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal podría ser apelada por Fernández, dos veces presidenta entre 2007 y 2015 y vicepresidenta de 2019 a 2023, en un caso conocido como “Vialidad”, en el que se la acusa de favorecer a un empresario amigo al otorgar obras públicas.
“El verdadero objetivo es proscribirme de por vida”, señaló en un texto en sus redes sociales.
La medida no implica que pierda su libertad o deba abstenerse de aspirar a un cargo público en los próximos meses, ya que tiene previsto apelar el fallo ante la Corte Suprema, que puede tardar años en pronunciarse.
Cristina Fernández ya había recibido a fines de 2022 la condena de cárcel impuesta por un tribunal federal que consideró que cometió fraude al Estado mediante la asignación irregular de obras públicas a un empresario allegado durante su mandato presidencial (2007-2015).
La entonces vicepresidenta consideró que era víctima de una persecución judicial orquestada por opositores para sacarla del escenario político.
El empresario de la construcción Lázaro Báez, de la provincia sureña de Santa Cruz, y varios ex funcionarios del gobierno de Fernández también fueron sentenciados a cumplir distintas penas de cárcel.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó ahora ese fallo en una audiencia que tuvo lugar en la sede de los tribunales federales en Buenos Aires, a la cual Fernández y los otros condenados no asistieron.
Militantes del kirchnerismo se manifestaron en contra de lo que consideran el “lawfare” o uso de mecanismos del sistema de justicia para destruir a personalidades políticas.
