La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para crear las secretarías Anticorrupción y Buen Gobierno, de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y de las Mujeres, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Fue enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales. 

Además, hace adecuaciones normativas y de atribuciones en las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Relaciones Exteriores, Seguridad y Protección Ciudadana, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Agricultura y Desarrollo Rural, Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Salud, Energía, Economía, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Cultura, Turismo y de Educación Pública.

El documento, producto de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, hace ajustes en materia de lenguaje incluyente para modificar el término “Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o Ejecutivo Federal” por “persona titular del Ejecutivo Federal”.

¿Cuáles son las tareas de las nuevas secretarías?

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendrá facultades en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, profesionalización e integridad pública, evaluación de la gestión gubernamental, mejora continua, modernización, contrataciones públicas, transparencia en la gestión pública, rendición de cuentas, fiscalización y anticorrupción.

La Secretaría de las Mujeres deberá establecer y conducir la instrumentación, coordinación, supervisión, seguimiento, implementación y evaluación de la política nacional en materia de mujeres, adolescentes y niñas, igualdad sustantiva y transversalización de la perspectiva de género, prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así como el Sistema de Cuidados.

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación se encargará de garantizar el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia, el progreso humanístico y la innovación tecnológica. Tendrá como atribución coordinar, articular y ejercer con relación a proyectos de investigación humanística, científica, desarrollo tecnológico y de innovación. Fomentará el progreso, a través de la colaboración, cooperación y el intercambio nacional e internacional, formación de recursos humanos de alto nivel para el desarrollo de la investigación, divulgación e incorporación a proyectos estratégicos.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones permitirá poner al servicio de la ciudadanía diferentes herramientas tecnológicas para que, de manera ágil e inmediata, ejerzan y exijan sus derechos. Tendrá funciones de transformación digital, gestión de información y tecnología, atención ciudadana y telecomunicaciones, así como la adopción y uso de la identidad y ciudadanía digital, mecanismo único de autenticación digital basado en la Clave Única de Registro de Población con la protección de los datos en coordinación con la Secretaría de Gobernación.

El pleno del Congreso de San Luis Potosí aprobó por mayoría eliminar del Código Penal del estado el delito de aborto, con lo cual se derogan las disposiciones para dejar de penalizar la interrupción del embarazo de la mujer o persona gestante hasta antes de las 12 semanas de gestación.

Se indica que en los casos que  la mujer o persona gestante que voluntariamente interrumpa su embarazo o consienta que otra persona lo haga, después de las 12 semanas de embarazo, será sancionada esta conducta con una pena de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad. Esta conducta sólo será sancionada cuando se haya consumado.

Se establecen sanciones para quien interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante sin su consentimiento, sin importar la etapa gestacional, la cual será sancionada con una pena de tres a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de 300 a 800 días del valor de la unidad de medida y actualización.

Serán excluyentes de responsabilidad penal del delito de aborto cuando sea resultado de una acción culposa de la mujer o persona gestante, y que el embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida.

El Congreso del Estado tiene como fecha límite el 26 de noviembre para reformar la Constitución y legislar sobre el servicio de salud en hospitales públicos a quienes decidan abortar.

Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen que despenaliza por completo el aborto en la capital del país, con lo se eliminarían las penas para quien cometa dicho acto después de las 12 semanas de gestación.

En la Ciudad de México, desde 2007, se permite el aborto voluntario dentro de las primeras 12 semanas de gestación; después de ese periodo, la sanción va de entre tres y seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario a la mujer o persona gestante, según el Artículo 145 del Código Penal local.

Al fundamentar el dictamen, el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, expresó que sobre la despenalización del aborto hay posiciones a favor y en contra, por lo que “el Estado debe controlar las intervenciones sobre los cuerpos de las personas gestantes, y como agentes reproductoras de la especie, ya sea prohibiendo la práctica del aborto, legalizando y realizándola en hospitales públicos”.

Además, consideró que el tema debe analizarse de forma integral y no restrictiva, apoyando la idea del aborto en la libertad o autonomía de las personas gestantes. Argumentó que en el sistema jurídico internacional y su desarrollo jurisprudencial se ha reconocido que la decisión de tener descendencia biológica constituye un ámbito de la vida privada, que se relaciona con otros derechos.

De acuerdo con la legisladora del PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, aseguró que con esta reforma se avanza en el acceso seguro y regulado al aborto, fortaleciendo los derechos reproductivos para las mujeres, víctimas y otras personas gestantes. 

Detalló que desde su legalización se han realizado alrededor de 273 mil interrupciones, con un 77 por ciento realizados antes de las 10 semanas de gestación, lo que permite usar métodos menos invasivos; y sólo el 5.5 por ciento de las personas han recurrido a esta atención más de una vez.

El dictamen pasó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y votación.