Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen que despenaliza por completo el aborto en la capital del país, con lo se eliminarían las penas para quien cometa dicho acto después de las 12 semanas de gestación.

En la Ciudad de México, desde 2007, se permite el aborto voluntario dentro de las primeras 12 semanas de gestación; después de ese periodo, la sanción va de entre tres y seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario a la mujer o persona gestante, según el Artículo 145 del Código Penal local.

Al fundamentar el dictamen, el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, expresó que sobre la despenalización del aborto hay posiciones a favor y en contra, por lo que “el Estado debe controlar las intervenciones sobre los cuerpos de las personas gestantes, y como agentes reproductoras de la especie, ya sea prohibiendo la práctica del aborto, legalizando y realizándola en hospitales públicos”.

Además, consideró que el tema debe analizarse de forma integral y no restrictiva, apoyando la idea del aborto en la libertad o autonomía de las personas gestantes. Argumentó que en el sistema jurídico internacional y su desarrollo jurisprudencial se ha reconocido que la decisión de tener descendencia biológica constituye un ámbito de la vida privada, que se relaciona con otros derechos.

De acuerdo con la legisladora del PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, aseguró que con esta reforma se avanza en el acceso seguro y regulado al aborto, fortaleciendo los derechos reproductivos para las mujeres, víctimas y otras personas gestantes. 

Detalló que desde su legalización se han realizado alrededor de 273 mil interrupciones, con un 77 por ciento realizados antes de las 10 semanas de gestación, lo que permite usar métodos menos invasivos; y sólo el 5.5 por ciento de las personas han recurrido a esta atención más de una vez.

El dictamen pasó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y votación.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de inimpugnabilidad de las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

“La Cámara de Senadores declara, se aprueba el decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal”, anunció Fernández Noroña. 

La secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Camino informó que se recibieron 23 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

Con la reforma, se determinó adicionar un quinto párrafo al artículo 105 que dice: “Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución”.

La reforma al primer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, añade que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.

En los artículos transitorios indica que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en dicho decreto.

Por unanimidad, con 123 votos a favor, el Senado de la República aprobó en lo general y los artículos no reservados del dictamen que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de bienestar, a fin de asegurar un esquema de apoyos para la población en condición de vulnerabilidad.

De acuerdo con las reformas a los artículos 4 y 27 de la Constitución Política, se garantiza una pensión no contributiva a las personas con discapacidad y a las personas adultas mayores de 65 años, así como un apoyo a productores, pescadores y campesinos. Y se eleva a rango constitucional el programa “Sembrando Vida”, al igual que los precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y  trigo harinero o panificable.

Durante la presentación del dictamen, la presidenta de la Comisión de Bienestar, Andrea Chávez, recordó que el pasado 5 de febrero el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso reformas a la Constitución con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna, la protección total a las personas con discapacidad permanente, garantizar el apoyo a los adultos mayores de 65 años y elevar a rango constitucional los precios de garantía para pequeños agricultores, lo cual es importante “para que sean derechos inalterables, inalienables e inobjetables”. 

Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, señaló que este dictamen representa “un paso gigantesco” en la definición del tipo de Estado que se quiere construir, “un Estado donde los derechos de las personas, todas, pero especialmente aquellas que sufren carencias históricas, por fin se vean reivindicados y se vean garantizados a través de su inclusión en el máximo texto normativo”.

Mientras que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina consideró que con el voto por unanimidad de estas reformas no sólo se está logrando un acuerdo político, “sino que se está legislando para beneficio de todo el pueblo”.

De acuerdo con el dictamen, el Estado deberá destinar recursos suficientes año con año para cumplir con lo dispuesto en el artículo 4 constitucional, relativo a las pensiones para los adultos mayores de 65 años y más y a las personas con discapacidad permanente. El monto de los recursos no podrá disminuir. También se garantiza el derecho a una vivienda digna. 

La minuta se envió a los Congresos estatales para los efectos constitucionales que correspondan.