Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen que despenaliza por completo el aborto en la capital del país, con lo se eliminarían las penas para quien cometa dicho acto después de las 12 semanas de gestación.

En la Ciudad de México, desde 2007, se permite el aborto voluntario dentro de las primeras 12 semanas de gestación; después de ese periodo, la sanción va de entre tres y seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario a la mujer o persona gestante, según el Artículo 145 del Código Penal local.

Al fundamentar el dictamen, el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, expresó que sobre la despenalización del aborto hay posiciones a favor y en contra, por lo que “el Estado debe controlar las intervenciones sobre los cuerpos de las personas gestantes, y como agentes reproductoras de la especie, ya sea prohibiendo la práctica del aborto, legalizando y realizándola en hospitales públicos”.

Además, consideró que el tema debe analizarse de forma integral y no restrictiva, apoyando la idea del aborto en la libertad o autonomía de las personas gestantes. Argumentó que en el sistema jurídico internacional y su desarrollo jurisprudencial se ha reconocido que la decisión de tener descendencia biológica constituye un ámbito de la vida privada, que se relaciona con otros derechos.

De acuerdo con la legisladora del PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, aseguró que con esta reforma se avanza en el acceso seguro y regulado al aborto, fortaleciendo los derechos reproductivos para las mujeres, víctimas y otras personas gestantes. 

Detalló que desde su legalización se han realizado alrededor de 273 mil interrupciones, con un 77 por ciento realizados antes de las 10 semanas de gestación, lo que permite usar métodos menos invasivos; y sólo el 5.5 por ciento de las personas han recurrido a esta atención más de una vez.

El dictamen pasó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y votación.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de inimpugnabilidad de las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

“La Cámara de Senadores declara, se aprueba el decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal”, anunció Fernández Noroña. 

La secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Camino informó que se recibieron 23 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

Con la reforma, se determinó adicionar un quinto párrafo al artículo 105 que dice: “Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución”.

La reforma al primer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, añade que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.

En los artículos transitorios indica que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en dicho decreto.

La presidenta Claudia Sheinbaum emitió el acuerdo para crear e integrar el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, para la elaboración de los listados de candidatos a participar en la elección del Poder Judicial de la Federación del próximo año. En la lista aparece Arturo Zaldívar, Vanessa Romero Rocha, Mary Cruz Cortés Ornelas, Javier Quijano Baz, e Isabel Inés Romero Cruz.

Arturo Zaldívar es el actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia; en el 2009 fue nombrado Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde se desempeñó como presidente de enero de 2019 hasta diciembre de 2022.

Vanessa Romero Rocha abogada, con dos maestrías en diferentes ramas del derecho, es columnista y colaboradora de medios de información nacionales e internacionales.

Mary Cruz Cortés Ornelas es abogada y maestra en derecho electoral, magistrada titular de la tercera ponencia y presidenta de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, directora de evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal en Tlaxcala y vocera del nuevo sistema de justicia penal en el Estado.

Javier Quijano Baz es abogado con maestría y doctorado en derecho, miembro destacado de diversas barras y asociaciones de abogados nacionales e internacionales; fungió como constituyente de la Ciudad de México y tiene el premio nacional de jurisprudencia 2022.

Isabel Inés Romero Cruz es abogada, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, así como jueza de primera instancia en diversos juzgados del Estado de Veracruz desde 1973.