Con 81 votos a favor y 36 en contra, el pleno del Senado de la República consideró que la presidenta, Claudia Sheinbaum, carece de atribuciones para eliminar del Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política sobre el Poder Judicial, como lo ordenó la jueza Nancy Juárez Salas.

El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó a la asamblea que se recibió un oficio suscrito por Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, por el que formula una consulta al Senado en relación con la resolución de amparo en el que obliga a la titular del Poder Ejecutivo Federal a eliminar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de dicho Decreto.

Sin embargo, mencionó que el artículo 7º Bis de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, establece el principio mandatorio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación.

Fernández Noroña dejó en claro que la publicación en el DOF de dicho Decreto fue consecuencia directa e inmediata de las atribuciones excepcionales e inherentes del Constituyente Permanente, previsto en el artículo 135 constitucional.

La respuesta del Senado de la República -indicó el legislador-, fue remitida a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, recibió el respaldo de legisladores de Morena, tanto de diputados como de senadores. Asistió a ambas cámaras para abordar la situación que se vive en su estado. “Confíen en mí”, pidió ante los señalamientos que lo involucran con un grupo del crimen organizado.

En reunión con los legisladores morenistas en San Lázaro, el mandatario estatal reconoció que la violencia no para y no tiene idea clara de cuándo terminará.

“Se ha reducido, se han tomado medidas específicas para cada caso y han dado resultados, esos resultados pues quisiéramos nosotros que fueran a plenitud; no tenemos todavía una clara idea de cuándo van a terminar; seguimos en la contienda las autoridades enfrentando la situación”, puntualizó.

Aseguró que su gobierno atiende la situación con el apoyo del Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad federal, y que los cuestionamientos a su persona y a su gobierno forman parte de la lucha contra el movimiento de la cuarta transformación.

Más tarde, a través de sus redes sociales, el gobernador agradeció “a las senadoras y a los  senadores de la 4T, quienes me invitaron al Senado para comentar sobre la situación que se vive en nuestro estado. Recibí un apoyo muy solidario de mis compañeras y compañeros para seguir juntas y juntos construyendo un mejor Sinaloa”.

La Cámara de Diputados aprobó un dictamen en materia de vivienda que busca establecer un sistema para la adquisición de casas a bajo costo, con lo cual toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas adecuadas. 

De acuerdo con el dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, dicha obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan al Fondo Nacional de Vivienda a fin de constituir depósitos a favor de sus personas trabajadoras.

Indica que el Fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir vivienda, en los términos que fije la ley.

Además, considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de las personas trabajadoras y empleadoras, que administre los recursos del Fondo Nacional de Vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimiento conforme a los cuales las personas trabajadoras podrán acceder a los créditos y viviendas en arrendamiento social. 

Determina que la ley establecerá los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad. La mensualidad del arrendamiento social no podrá exceder del treinta por ciento del salario de las personas trabajadoras.

En cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al Fondo y no cuenten con vivienda propia. La ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho.

En régimen transitorio, se precisa que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de ciento ochenta días naturales para realizar las adecuaciones que resulten necesarias a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

De igual modo, con el objeto de reivindicar la orientación social del Instituto, en un periodo no mayor a ciento ochenta días naturales deberá implementarse un programa de eficiencia operativa que permita hacer una reducción de costos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura deriva de una iniciativa que el Ejecutivo Federal presentó el pasado 5 de febrero, de diversas propuestas de diputadas y diputados en la anterior Legislatura, y del Congreso de Jalisco.