La Cámara de Diputados aprobó un dictamen en materia de vivienda que busca establecer un sistema para la adquisición de casas a bajo costo, con lo cual toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada a proporcionar a sus personas trabajadoras viviendas adecuadas. 

De acuerdo con el dictamen, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, dicha obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan al Fondo Nacional de Vivienda a fin de constituir depósitos a favor de sus personas trabajadoras.

Indica que el Fondo establecerá un sistema de vivienda con orientación social para las personas trabajadoras derechohabientes que permita obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá adquirir suelo y construir vivienda, en los términos que fije la ley.

Además, considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de las personas trabajadoras y empleadoras, que administre los recursos del Fondo Nacional de Vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimiento conforme a los cuales las personas trabajadoras podrán acceder a los créditos y viviendas en arrendamiento social. 

Determina que la ley establecerá los términos y condiciones para que las personas trabajadoras puedan acceder a las viviendas en arrendamiento social, así como al derecho de adquirirlas en propiedad. La mensualidad del arrendamiento social no podrá exceder del treinta por ciento del salario de las personas trabajadoras.

En cualquier caso, se dará preferencia de acceso a la vivienda en arrendamiento social a las personas trabajadoras que hayan aportado continuamente al Fondo y no cuenten con vivienda propia. La ley preverá mecanismos para evitar discrecionalidad o injerencias arbitrarias que limiten el acceso a este derecho.

En régimen transitorio, se precisa que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de ciento ochenta días naturales para realizar las adecuaciones que resulten necesarias a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

De igual modo, con el objeto de reivindicar la orientación social del Instituto, en un periodo no mayor a ciento ochenta días naturales deberá implementarse un programa de eficiencia operativa que permita hacer una reducción de costos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura deriva de una iniciativa que el Ejecutivo Federal presentó el pasado 5 de febrero, de diversas propuestas de diputadas y diputados en la anterior Legislatura, y del Congreso de Jalisco.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada el dictamen que reforma la Constitución en materia de bienestar, a fin de reducir de 68 a 65 años la edad para que las personas adultas mayores reciban una pensión por parte del Estado y otorgar a las personas con discapacidad permanente, menores de 65 años, una pensión no contributiva. 

Asimismo, para que el Estado garantice, en los términos que fije la ley, la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieren ser procesadas.

Así como un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores de pequeña escala, y un apoyo anual directo a pescadores de pequeña escala.

Indica que el Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en los términos de las disposiciones aplicables. 

El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, dijo que, una vez aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto se remite al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El Senado aprobó en lo general y lo particular con 86 votos a favor y 39 en contra, la reforma constitucional en materia de áreas y empresas estratégicas como CFE y Pemex. La minuta reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, a fin de establecer que el Estado quedará a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación para reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero. 

Al presentar el dictamen ante el pleno, el senador morenista Óscar Cantón Zetina, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales señaló que estas reformas, permiten que el estado retome la soberanía y seguridad energética, “velando en todo momento porque en este sector se antepongan los intereses del pueblo ante cualquier enfoque que tienda a fortalecer el lucro de los particulares”.

El legislador de Morena señaló que: “al pueblo de México se lo decimos de frente, el litio, la electricidad, los hidrocarburos y el internet no serán más objeto de especulación y acaparamiento por intereses privados. Serán como debieron ser siempre, bienes y recursos naturales al servicio del desarrollo nacional”.

En ese sentido, sostuvo que con esta reforma, “estamos dando las condiciones legislativas para que se cumpla a cabalidad uno de los 100 pasos para la transformación. Esta es la verdadera transformación. La que pone a la gente en el centro, la que construye un México donde todos tienen un destino compartido. Hoy como siempre hemos dado muestras, estamos del lado del pueblo”.