En el caso de la presunta solicitud de registros telefónicos por parte de la Fiscalía de la CDMX a empresas de comunicación, específicamente a Telcel, el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte adscrito al Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, determinó que los jueces federales y no los del fuero común, son únicos competentes para conocer las solicitudes de autorización de datos conservados de los equipos de comunicación que solicita el Ministerio Público.
La resolución se emitió tras resolver una contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados.
El Pleno indicó que conforme a lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, 51, 52 y 53 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y 291 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), la autoridad judicial federal es la competente para conocer de este tipo de solicitudes.
Lo anterior, debido a que los datos conservados se encuentran dentro del ámbito de protección del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, consagrado en el artículo 16 constitucional.
Por tanto, la entrega de datos a la autoridad investigadora, al implicar una restricción a ese derecho humano, no puede deslindarse de la protección establecida en el artículo constitucional; de ahí que para que surta efectos la obligación de su entrega, es indispensable la existencia de una autorización judicial federal.
El Pleno Regional, analizó lo establecido en el artículo 303 del CNPP, que dispone que la solicitud de entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones, al procurador o al servidor público en quien se delegue la facultad, “podrá solicitarla al juez de control del fuero correspondiente”.
El criterio emitido señala que ello no implica que la autorización pueda otorgarse por un juez del fuero común, como por uno del fuero federal, pues de una interpretación sistemática de los artículos referidos se concluye que la autorización de entrega de datos conservados, es competencia federal.
