El pleno del Congreso de San Luis Potosí aprobó por mayoría eliminar del Código Penal del estado el delito de aborto, con lo cual se derogan las disposiciones para dejar de penalizar la interrupción del embarazo de la mujer o persona gestante hasta antes de las 12 semanas de gestación.

Se indica que en los casos que  la mujer o persona gestante que voluntariamente interrumpa su embarazo o consienta que otra persona lo haga, después de las 12 semanas de embarazo, será sancionada esta conducta con una pena de 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad. Esta conducta sólo será sancionada cuando se haya consumado.

Se establecen sanciones para quien interrumpa el embarazo de una mujer o persona gestante sin su consentimiento, sin importar la etapa gestacional, la cual será sancionada con una pena de tres a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de 300 a 800 días del valor de la unidad de medida y actualización.

Serán excluyentes de responsabilidad penal del delito de aborto cuando sea resultado de una acción culposa de la mujer o persona gestante, y que el embarazo sea resultado de un delito de violación o inseminación indebida.

El Congreso del Estado tiene como fecha límite el 26 de noviembre para reformar la Constitución y legislar sobre el servicio de salud en hospitales públicos a quienes decidan abortar.

Las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen que despenaliza por completo el aborto en la capital del país, con lo se eliminarían las penas para quien cometa dicho acto después de las 12 semanas de gestación.

En la Ciudad de México, desde 2007, se permite el aborto voluntario dentro de las primeras 12 semanas de gestación; después de ese periodo, la sanción va de entre tres y seis meses de prisión o de 100 a 300 días de trabajo comunitario a la mujer o persona gestante, según el Artículo 145 del Código Penal local.

Al fundamentar el dictamen, el diputado de Morena, Alberto Martínez Urincho, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, expresó que sobre la despenalización del aborto hay posiciones a favor y en contra, por lo que “el Estado debe controlar las intervenciones sobre los cuerpos de las personas gestantes, y como agentes reproductoras de la especie, ya sea prohibiendo la práctica del aborto, legalizando y realizándola en hospitales públicos”.

Además, consideró que el tema debe analizarse de forma integral y no restrictiva, apoyando la idea del aborto en la libertad o autonomía de las personas gestantes. Argumentó que en el sistema jurídico internacional y su desarrollo jurisprudencial se ha reconocido que la decisión de tener descendencia biológica constituye un ámbito de la vida privada, que se relaciona con otros derechos.

De acuerdo con la legisladora del PT, Jannete Elizabeth Guerrero Maya, aseguró que con esta reforma se avanza en el acceso seguro y regulado al aborto, fortaleciendo los derechos reproductivos para las mujeres, víctimas y otras personas gestantes. 

Detalló que desde su legalización se han realizado alrededor de 273 mil interrupciones, con un 77 por ciento realizados antes de las 10 semanas de gestación, lo que permite usar métodos menos invasivos; y sólo el 5.5 por ciento de las personas han recurrido a esta atención más de una vez.

El dictamen pasó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México para su análisis y votación.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de inimpugnabilidad de las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se remite al Diario Oficial de la Federación para su publicación.

“La Cámara de Senadores declara, se aprueba el decreto por el que se reforma el artículo 107 y se adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución Federal”, anunció Fernández Noroña. 

La secretaria de la Mesa Directiva, Verónica Camino informó que se recibieron 23 votos aprobatorios correspondientes a las legislaturas de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y de la Ciudad de México.

Con la reforma, se determinó adicionar un quinto párrafo al artículo 105 que dice: “Son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Constitución”.

La reforma al primer párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, añade que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución”.

En los artículos transitorios indica que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en dicho decreto.