Con 50 votos a favor, el Congreso de la Ciudad de México aprobó modificaciones al Código Civil y a la Ley de Vivienda para que el incremento de la renta nunca sea mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, respecto de la cantidad pactada como renta mensual, una reforma constitucional que pone un tope más bajo al aumento de las rentas en la capital del país.
Además, se aprobó implementar un registro digital de contratos de arrendamiento que estará a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, donde el arrendador deberá registrar cada contrato en un plazo no mayor a 30 días de celebrado.
La iniciativa que dio origen al dictamen, suscrita por el jefe de Gobierno, Martí Batres, atiende el acelerado incremento de los costos de las rentas en la capital, ya que entre los años 2013 y 2019 aumentaron hasta ocho veces más que el salario mínimo, lo que originó un incremento del porcentaje de los ingresos que se destinan al pago del arrendamiento y el desplazamiento de miles de personas.
Con esta nueva regulación se pretende evitar que los arrendadores ajusten las rentas de manera arbitraria, lo que podría afectar negativamente a los inquilinos, especialmente en un contexto económico difícil para la población en situación de pobreza, trabajadores, madres solteras y personas jóvenes entre los 18 y 35 años.
