Saltar al contenido principal

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela confirmó los resultados oficiales de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que dieron la victoria a Nicolás Maduro, lo que ha sido señalado de fraudulento dentro y fuera del país.

«Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031», dijo Caryslia Rodríguez, presidenta de la máxima corte.

Indicó que tras la comparecencia de los actores convocados y recolectados los instrumentos electorales, los magistrados de la sala electoral del tribunal certificaron “de manera irrestricta e inequívoca” los resultados electorales.

La sentencia se produce 22 días después de que el propio Maduro solicitara este proceso, a través de un recurso de amparo que nunca se conoció y por el que fueron convocados al TSJ los 10 excandidatos presidenciales.

En tanto, el Tribunal Supremo también declaró en desacato al candidato opositor Edmundo González Urrutia y advirtió que su conducta «acarrea sanciones previstas en el ordenamiento vigente».

Caryslia Rodríguez destacó que González Urrutia no asistió a ninguna de las fases del proceso de peritaje realizados por el TSJ. 

«No cumplió con la orden de esta, la más alta instancia de la jurisdicción contencioso electoral de la República Bolivariana de Venezuela, ni con la consignación de las actas de escrutinios, el listado de testigos ni material electoral alguno, en consecuencia desacató el mandato en franco irrespeto a la autoridad judicial demostrando su renuencia a ceñirse al orden constitucional», señaló la presidenta del Tribunal.

Antes de que el TSJ emitiera su fallo, el abanderado de la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, advirtió en redes sociales que la decisión judicial «solo agravará la crisis» que vive el país.