Publicidad

El Tribunal Electoral del Estado de Yucatán (TEEY) sancionó este jueves 19 de noviembre de 2026 a cinco autoridades municipales de Espita y Kinchil tras acreditar actos de violencia política y obstaculización en el ejercicio del cargo en perjuicio de dos regidoras electas. Aunque diversos reportes nacionales difundidos por medios como El Universal encuadraron inicialmente el caso como violencia política de género, el Pleno del órgano jurisdiccional yucateco realizó una precisión jurídica clave en sus sentencias aprobadas por unanimidad: si bien quedó plenamente demostrada la violencia política al impedirse las funciones constitucionales de las promoventes, no existieron elementos probatorios suficientes para acreditarla en razón de género.

De acuerdo con el desglose de las resoluciones emitido en dos expedientes distintos y reportado por Diario de Yucatán y Por Esto!, en el caso del municipio de Espita resultaron sancionados el presidente municipal Mario Isaías Sánchez Esquivel, el secretario municipal y la tesorera. El tribunal comprobó que dichos funcionarios incurrieron en prácticas de obstrucción sistemática al impedir que una regidora ejerciera sus labores de fiscalización, dificultar su asistencia a las sesiones de Cabildo y negarle el acceso oportuno a la información oficial del ayuntamiento.

En el segundo expediente, correspondiente al municipio de Kinchil, los magistrados declararon responsables al alcalde Irvin Pisté Canul y al secretario municipal por vulnerar los derechos político-electorales de una regidora, identificada como mujer indígena maya . Según la sentencia, las autoridades municipales recurrieron a convocatorias irregulares a sesiones de Cabildo, realizaron reuniones a puerta cerrada excluyendo a la funcionaria e impusieron trabas administrativas para impedirle revisar las cuentas públicas municipales.

Al concluir que ambos casos configuraron conductas sistemáticas que mermaron las facultades de representación popular de las dos ediles, el TEEY ordenó medidas de reparación y no repetición, instruyendo a los ayuntamientos de Espita y Kinchil a restituirles de inmediato el pleno acceso a la información financiera, garantizar su participación efectiva en todas las sesiones de Cabildo y abstenerse de ejecutar nuevas obstrucciones en el desempeño de sus cargos.