La Fiscalía General de la República (FGR) sostuvo una nueva mesa de trabajo con integrantes de colectivos de búsqueda de 12 entidades del país, junto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), para revisar denuncias y dar seguimiento a los compromisos asumidos con las familias de personas desaparecidas.
De acuerdo con la Fiscalía, durante el encuentro se compartieron avances en el análisis de las investigaciones y se acordaron mecanismos de colaboración para fortalecer las tareas de búsqueda, localización e identificación. Sin embargo, la institución informó que la interlocución se suspendió por decisión de las personas peticionarias, sin detallar las razones ni los desacuerdos que llevaron a esa determinación.
La reunión ocurre mientras el gobierno federal impulsa una Estrategia Nacional de Búsqueda, reforzada en agosto pasado con diez líneas de acción. Entre ellas se encuentran garantizar que cada reporte tenga una carpeta de investigación, mejorar los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, activar una alerta inmediata, ampliar las búsquedas en hospitales y centros penitenciarios y fortalecer las capacidades forenses.
También se contempla el uso de la Plataforma Única de Identidad para cruzar información y el desarrollo de un Plan de Identificación Humana encabezado por la FGR. En octubre, la Secretaría de Gobernación reportó que más de 16 mil personas habían sido localizadas mediante los distintos mecanismos de la estrategia. La cifra corresponde a resultados informados por el gobierno federal.
No obstante, el tamaño de la crisis sigue siendo un desafío. En un informe publicado en mayo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas en México, con datos hasta junio de 2025. También advirtió problemas de coordinación entre las instituciones de búsqueda y las fiscalías, así como esfuerzos insuficientes en identificación humana.
A ello se suman los riesgos que enfrentan las familias. En septiembre, especialistas de Naciones Unidas alertaron sobre la violencia letal contra mujeres buscadoras y exigieron al Estado garantizar su protección.
La FGR aseguró que las investigaciones continúan y reiteró su disposición al diálogo. El desafío será traducir los mecanismos de coordinación y los compromisos institucionales en avances verificables para las familias: encontrar a sus seres queridos, conocer qué ocurrió y acceder a la justicia.










