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El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó por unanimidad la inhabilitación de un año contra Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, por omitir una cuenta bancaria en sus declaraciones patrimoniales.

La resolución, aprobada el 18 de noviembre, le impide desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público federal y contempla su inscripción en el Registro de Servidores Públicos Sancionados. La medida comenzará a aplicarse cuando sea notificada legalmente, por lo que no tendrá efectos retroactivos.

El procedimiento se remonta a septiembre de 2019, cuando la entonces Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por Irma Eréndira Sandoval, impuso a Robles una inhabilitación de diez años, luego de detectar que no reportó una cuenta bancaria a su nombre.

La exfuncionaria impugnó la sanción y, en junio de 2022, obtuvo un amparo que obligó a revisar la proporcionalidad del castigo. Un año después, en junio de 2023, la SFP emitió una nueva resolución y redujo la inhabilitación a doce meses.

Robles volvió a recurrir ante el Tribunal al considerar que se le sancionaba dos veces por los mismos hechos. Sin embargo, los magistrados determinaron que la resolución de 2023 sustituyó a la anterior y no vulneró el principio jurídico que prohíbe juzgar o sancionar dos veces por una misma falta.

Esta sanción administrativa es independiente del proceso penal conocido como la Estafa Maestra. En febrero de 2023, Robles obtuvo una sentencia absolutoria por ejercicio indebido del servicio público, resolución que quedó firme en octubre de 2024, cuando la Suprema Corte desechó el último recurso de la Auditoría Superior de la Federación.

Días antes de la resolución del TFJA, el 16 de noviembre, Robles también cuestionó que la Unidad de Inteligencia Financiera mantenga congelada una de sus cuentas bancarias desde 2019, pese a resoluciones judiciales que, asegura, le han favorecido.

Así, la exfuncionaria enfrenta una nueva sanción administrativa, sin que ello reabra el caso penal por el desvío de recursos investigado en la Estafa Maestra.