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El Gobierno de Colombia rechazó este miércoles 18 de noviembre de 2026 una propuesta formal de Estados Unidos para ejecutar operaciones militares conjuntas contra los cárteles del narcotráfico dentro de territorio colombiano, según reveló The New York Times. Aunque el presidente Abelardo de la Espriella expresó su respaldo general a mantener y fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad con Washington, explicó que su administración carece de la autorización constitucional del Congreso colombiano para permitir que fuerzas armadas estadounidenses realicen ataques aéreos u operaciones terrestres en el país.

La negativa de Bogotá tuvo repercusiones diplomáticas y operativas inmediatas, obligando al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a acortar su visita oficial a Colombia, donde había arribado horas antes procedente de Venezuela tras ser recibido con honores protocolarios. Este desenlace representa un revés significativo para la estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que busca ampliar el despliegue directo y las acciones tácticas de las fuerzas estadounidenses contra organizaciones criminales y redes del narcotráfico en toda América Latina.

El episodio pone de manifiesto los límites constitucionales y políticos que enfrentan los gobiernos de la región frente a la presencia militar extranjera directa, incluso entre ejecutivos ideológicamente afines a la Casa Blanca. En Colombia, el tránsito o la intervención operativa de tropas extranjeras requiere el aval previo del Senado y se encuentra sujeto a estrictos controles sobre la soberanía nacional, un factor que impidió al presidente De la Espriella acceder a las demandas operativas planteadas por el Pentágono durante la gira sudamericana de Hegseth.

De cara a la relación bilateral, el rechazo de las operaciones conjuntas obliga a Washington y Bogotá a recalibrar los términos de su alianza antinarcóticos, priorizando mecanismos tradicionales como el intercambio de inteligencia, el apoyo logístico y el equipamiento técnico sin involucrar despliegues armados estadounidenses en suelo colombiano. Al mismo tiempo, la decisión marca un freno relevante para las ambiciones regionales del Departamento de Defensa de Estados Unidos en Sudamérica.