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El Gobierno de Guatemala intensificó el despliegue operativo y los controles de seguridad en los departamentos orientales de Zacapa e Izabal, jurisdicciones que permanecen bajo estado de sitio por un plazo de 30 días tras ser decretado por el presidente Bernardo Arévalo en Consejo de Ministros la noche del pasado 14 de noviembre. Mediante la movilización conjunta de efectivos del Ejército y de la Policía Nacional Civil (PNC), respaldados por patrullajes con vehículos blindados y puestos de registro estratégicos, las autoridades buscan desarticular a estructuras vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado transnacional que mantienen en vilo a la población civil y a las instituciones locales.

La medida de excepción, formalizada mediante el Decreto Gubernativo 8-2026 y ratificada por el Congreso de la República con 147 votos a favor, responde a una severa escalada de violencia armada registrada en esa región fronteriza y portuaria desde finales de septiembre, la cual ha dejado alrededor de una veintena de personas fallecidas. Entre los hechos de alto impacto que detonaron la intervención gubernamental destacan la masacre de ocho personas perpetrada el 27 de septiembre en el municipio de Huité, así como el asesinato del diputado Julio César Portillo Paz y tres agentes policiales ocurrido el pasado 6 de noviembre en Río Hondo, ambos en territorio de Zacapa.

Durante la vigencia de este régimen extraordinario, quedan restringidas cinco garantías constitucionales en ambos departamentos: la libertad de acción, la exigencia de orden judicial previa para detenciones legales, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y manifestación, así como la tenencia y portación de armas de fuego. Adicionalmente, las enmiendas aprobadas por el Parlamento facultaron a las fuerzas de seguridad para retomar el control operativo de los centros penitenciarios a nivel nacional, mientras el Ministerio de Gobernación reportó las primeras 21 capturas efectuadas en el marco de los operativos iniciales en el oriente del país.

Ubicados en un corredor geográfico estratégico que conecta el interior de Guatemala con la costa del Caribe y las fronteras con Honduras y Belice, Zacapa e Izabal han sido históricamente disputados por redes delictivas dedicadas al trasiego internacional de drogas. Con este refuerzo militar y policial, el Ejecutivo guatemalteco pretende recuperar el control territorial, garantizar la continuidad de los servicios públicos esenciales y frenar la intimidación armada contra comunidades y autoridades locales.