Al negar un amparo contra el artículo 183 de la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Pleno determinó que las autoridades de seguridad deberán contar con autorización judicial para acceder a dicha información.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la obligación impuesta a los operadores de telecomunicaciones para conservar registros telefónicos —como llamadas, uso de datos y geolocalización en tiempo real— y entregarlos a las autoridades cuando sean requeridos, además de validar las facultades para el bloqueo y cancelación del servicio.
La resolución se produjo luego de que el Máximo Tribunal negara un amparo promovido por un ciudadano, quien argumentó que el artículo 183 de la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión vulnera los derechos a la privacidad, la libertad de expresión y la protección de datos personales.
El proyecto aprobado, elaborado por la ministra María Estela Ríos González, sostuvo que el derecho a la privacidad no es absoluto, por lo que resguardar datos y registros de comunicación con fines de seguridad pública resulta constitucional, reiterando que la conservación de la geolocalización en tiempo real ya había sido validada previamente por la Corte. No obstante, el fallo estableció como candado indispensable que los operadores no podrán entregar los registros almacenados a las autoridades sin que medie una autorización judicial, aun cuando dicho requisito no esté expresamente detallado en la nueva legislación: «El acceso a los datos conservados únicamente resulta constitucionalmente válido cuando se ajusta a los requisitos, límites y controles derivados del propio texto constitucional», señala la resolución.
Durante la sesión, el debate subió de tono cuando algunos ministros sugirieron modificar la metodología empleada en el proyecto, lo que provocó una aireada respuesta de la ministra ponente María Estela Ríos González: «Creo que ustedes no me pueden obligar a hacerlo. Si no les convence, está bien, pero obligar a hacerlo como algunos quieren, me parece que es una falta de respeto a mi posición de ministra», reclamó ante el Pleno.










