Una pintura de Frida Kahlo, valuada hasta en 3.5 millones de dólares, llegó al centro de una controversia por su procedencia y resguardo. La casa Christie’s programó para este martes 17 de noviembre una subasta en Nueva York de Congreso de los pueblos por la paz, obra realizada en 1952, mientras un colectivo exige frenar su venta y cuestiona el manejo del patrimonio artístico de la pintora mexicana.
La polémica se reavivó luego de que Defendamos la Colección Gelman señalara que la pieza aparece en un inventario atribuido a Diego Rivera, elaborado en 1957, bajo el registro A.F.18. El colectivo sostiene que la pintura debía permanecer dentro del acervo de los museos Frida Kahlo y Diego Rivera y reclama que se esclarezca cómo llegó al mercado internacional.
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) sostiene una versión distinta. De acuerdo con el organismo, Kahlo donó la obra al Congreso de la Paz y esta salió de México antes del 25 de julio de 1984, cuando se publicó el decreto que declaró monumento artístico toda su producción. Por ello, el instituto considera que la restricción de exportación definitiva establecida por esa declaratoria no sería aplicable a esta pieza.
Sin embargo, el INBAL informó que solicitó a Christie’s documentación para acreditar la procedencia y propiedad de la pintura. Hasta ahora, no se ha hecho pública una respuesta de la casa de subastas que permita aclarar ese requerimiento.
La ficha comercial registra que la obra pasó por la Galería Ramis Barquet, en Nueva York, y posteriormente fue vendida en Sotheby’s el 29 de junio de 2020. No detalla, sin embargo, cómo salió del circuito institucional o llegó a esa galería.
La controversia tiene antecedentes desde abril de 2025, cuando Hilda Trujillo, exdirectora de los museos Frida Kahlo y Diego Rivera Anahuacalli, denunció presuntas irregularidades en el manejo de obras y documentos de la artista. El fideicomiso de los museos rechazó entonces esos señalamientos y los calificó de infundados.
La subasta vuelve a poner bajo escrutinio la protección del patrimonio cultural mexicano y la transparencia en la circulación internacional de obras de artistas nacionales. Hasta el momento, no está acreditado que la pintura haya sido sustraída ilegalmente ni que exista una resolución que impida su venta.










