El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) abrió dos expedientes por presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) superiores a 563 millones de pesos, indagatorias en las que figuran ex altos funcionarios electorales que actualmente ocupan cargos directivos en el Comité Nacional de Somos, además del exsecretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina.
De acuerdo con documentos de la Primera Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves consultados por el diario La Jornada, la autoridad investigadora señala la posible comisión de faltas administrativas graves previstas en el artículo 57 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entre los imputados destacan Roberto Heycher Cardiel Soto —actual secretario de Operación Electoral y Alianzas del Comité Nacional de Somos— y Ana Laura Martínez de Lara —hoy secretaria de Administración y Finanzas de esa misma organización política—.
El primer procedimiento (expediente INE/OIC/INV/802/2024) documenta pagos anticipados por 413.2 millones de pesos autorizados por Jacobo Molina, con la participación de las áreas requirentes encabezadas entonces por Cardiel Soto, dentro del convenio suscrito en octubre de 2017 con Talleres Gráficos de México para imprimir boletas y materiales de las elecciones de 2018. Según el Órgano Interno de Control, se pactó una «aportación inicial» del 100% —vulnerando el tope reglamentario de 50%—, liquidando el monto total dos meses y medio antes de las primeras entregas mediante presuntos formatos de recepción simulados.
El segundo expediente (LP-INE-14/OP/2022) involucra directamente a Martínez de Lara, exdirectora ejecutiva de Administración del INE y actual responsable financiera de Somos, por la adjudicación irregular de un contrato de 149.9 millones de pesos (sin IVA) a Supervisora y Constructora Medina, SA de CV, para edificar la sede estatal en Nuevo León. La averiguación acredita que en enero de 2023 se permitió a la empresa subsanar por correo electrónico la omisión de sus declaraciones provisionales de ISR e IVA fuera del plazo legal cerrado en diciembre de 2022, violando la equidad entre licitantes. Ambos casos quedaron en manos del TFJA para resolver las responsabilidades y sanciones correspondientes.
