Publicidad

Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, renunció a la Secretaría Particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, luego de que su nombre fuera relacionado con el bloqueo de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de acuerdo con reportes periodísticos publicados este 11 de noviembre.

La salida del funcionario fue reportada por la periodista Azucena Uresti y posteriormente corroborada por Político MX, que atribuyó la confirmación a Paloma Teherán, vocera de la oficina del Gobierno de Sonora, quien informó al periodista Arturo Ángel, de Milenio, sobre la renuncia.

Piñeda Taddei ocupaba el cargo desde agosto de 2025. Antes se desempeñó como secretario de la Consejería Jurídica del gobierno estatal, puesto al que llegó en enero de ese año, luego de ser designado por el propio Durazo.

La renuncia ocurre después de que el periodista Arturo Ángel, en una investigación publicada por Proyecto Puente, identificara al funcionario entre las personas incluidas en el acuerdo de bloqueo de cuentas de la UIF. Según esa publicación, también aparecen la propia Guadalupe Taddei, otros familiares y exfuncionarios vinculados con el INE.

El pasado 5 de noviembre, la UIF informó que incorporó a su lista de personas bloqueadas a 40 objetivos: 25 personas físicas y 15 empresas relacionadas con proveedores electorales. La dependencia explicó que detectó operaciones financieras con elementos de riesgo y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue posibles delitos.

La UIF precisó que el bloqueo es una medida preventiva y administrativa, por lo que no constituye una determinación definitiva de responsabilidad. Además, su titular, Omar Reyes Colmenares, señaló que la lista es confidencial y no confirmó públicamente los nombres de las personas incluidas.

El 29 de octubre, Durazo había defendido la permanencia de Piñeda en su equipo y sostuvo que no lo separaría mientras no existiera una resolución que lo vinculara con alguna irregularidad. Hasta ahora, no se ha informado públicamente que la renuncia obedezca formalmente al bloqueo de cuentas ni se ha acreditado responsabilidad penal del exfuncionario.